Organizaciones civiles y privadas de México destacaron por medio de un comunicado conjunto que la transformación del país en las últimas décadas no podría explicarse sin el trabajo e incidencia de una red de organismos de la sociedad civil con una agenda diversa como los propios problemas nacionales.
Dicho documento es en respuesta a las declaraciones del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien en días recientes gimoteó que desconfía de todo a lo que se le llama sociedad civil y las leyes que promueven, pues consideró que son “simulación”.
Entre las firmantes se encuentran organizaciones como Mexicanos Contra La Corrupción, México Evalúa, México, ¿Cómo Vamos?, Coparmex, IMCO, Observatorio Nacional Ciudadano, México SOS y Causa Común.
Los organismos expusieron que el trabajo de la sociedad civil debería ser considerado como una aportación para diagnosticar y resolver los problemas colectivos, ya que sólo los regímenes autocráticos o los defensores del status quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad.
En tanto, suponer que sólo la autoridad del presidente o del gobierno, sin la participación de los ciudadanos, puede encarar problemas como la inseguridad y la corrupción, es una peligrosa ingenuidad que sólo agravará la crisis actual.
Desconfiar de la sociedad civil equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad, argumentaron.
Expusieron que mientras exista en el país un régimen de libertades democráticas habrá espacio para la sociedad civil, para sus exigencias y propuestas.
Argumentaron que ejemplo de ello son los 10 cambios, entre muchos, que primero fueron propuestas y exigencias ciudadanas, como la creación del entonces Instituto Federal Electoral y las políticas de paridad en el sistema electoral.
Asimismo, la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Banco de México (Banxico); la reforma política de la Ciudad de México, sin la cual su habitantes no podrían elegir a sus autoridades; la evaluación educativa y el servicio profesional docente basado en el mérito.
Así como la evaluación independiente de la política social y la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la agenda de transparencia y rendición de cuentas.
Además de la reforma en derechos humanos y denuncias de violaciones a los mismos en los casos Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato; la Ley 3de3; la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la denuncia de presuntos casos de desvío de recursos en entidades del país, entre otros.
Recordaron por último el amparo que condujo a la obligación de legislar en materia de publicidad gubernamental y la iniciativa de reforma legal para contar con una fiscalía independiente.
