No soplan buenos vientos para el país.
Ni en el terreno económico, ni en el político ni en el social hay indicadores que nos permitan alentar el optimismo.
Las preocupaciones más sentidas de la gente tienen que ver con el deterioro de la economía y las profundas asimetrías sociales; la inseguridad que no ha sido satisfactoriamente resuelta y los casos documentados de corrupción e impunidad que como colectividad tanto nos lastiman e irritan.
Aunado a lo anterior, hay presiones internacionales que generan incertidumbre en nuestro futuro como nación.
Este es el contexto que se avizora a unos meses del inicio del proceso electoral más grande y complejo de la historia mexicana.
El primer domingo de julio de 2018 los poblanos vamos a acudir a las urnas para votar en seis elecciones: Presidente de la República; senadores y diputados al Congreso de la Unión; Gobernador; Ayuntamientos y diputados al Congreso del Estado.
En la ruta electoral, hemos encontrado los mexicanos la vía idónea para transitar a la democracia. Lo hemos hecho sin violencia ni sobresaltos y así hemos vivido la alternancia en la Presidencia, el cambio sustancial de una régimen de partido hegemónico a un país variopinto en el que encontramos administraciones locales y municipales de diferente tono partidista y congreso más plurales y representativos.
Aún en momentos de turbulencia, las elecciones en México se han llevado a cabo en un clima de paz. Recordemos que en 1994, cuando nos despertamos con el levantamiento armado zapatista y en marzo fue asesinado el candidato Colosio, hubo una histórica participación ciudadana para la elección del Presidente Ernesto Zedillo.
Si bien es cierto que las elecciones no resuelven los problemas del país, también lo es que no podemos permitir que las elecciones se vuelvan un problema más para el país.
Esa es, desde mi perspectiva, la magnitud del reto y la responsabilidad de los órganos electorales de cara al proceso electoral que dará inicio en poco más de cuatro meses.
El enorme desafío institucional de llevar a cabo las elecciones coincidentes en 30 estados del país pondrá a prueba la solidez de los organismos administrativos y jurisdiccionales encargados de la materia electoral.
El INE tendrá que asumir de manera plena las atribuciones que la reforma político electoral de 2014 le multiplicó y tendrá que consolidarse como órgano rector en el complejo equilibrio que esa misma reforma generó con las autoridades electorales de las entidades federativas.
La elección de 2018 representa la posibilidad de evaluar las acciones de los gobiernos federal, locales y municipales para un ejercicio razonado del voto. Sera competida y compleja por su magnitud y trascendencia y prueba de fuego para el modelo actual de convivencia entre el INE y los órganos electorales locales.
Más allá de la tarea natural de arbitraje y organización de las elecciones, en esta mar embravecida por la que atraviesa nuestro país, las autoridades electorales deben ser un ancla de estabilidad política que genere certidumbres y confianza a la sociedad en su conjunto.
Marcos Rodríguez del Castillo
Vocal Ejecutivo del INE en Puebla
