Los jefes de gobierno de España y Bélgica se reunieron el viernes para abordar su complicada relación bilateral, en medio de la crisis catalana, cuando el destituido presidente regional Carles Puigdemont y cuatro exmiembros de su gobierno asistieron a una vista de extradición en Bruselas.
La audiencia duró apenas una hora y fue aplazada hasta el 4 de diciembre, informó el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert. “El fiscal pidió se ejecute el pedido de extradición (pero) podemos responder por escrito, de modo que nada se ha resuelto hoy”, añadió.
La vista es un nuevo capítulo desde que salieron de España y se negaron a regresar de Bruselas para afrontar una investigación de rebelión asociada a la iniciativa independentista.
El gobierno belga ha mantenido que no puede intervenir en la solicitud española de extradición porque la decisión depende de la justicia independiente. La decisión judicial del viernes puede apelarse.
“Es un caso judicial basado en la separación de poderes. Depende de las autoridades judiciales”, dijo el primer ministro belga Charles Michel después de una reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en un aparte de la cumbre de la Unión Europea en Gotemburgo, Suecia.
El vocero de Michel, Barend Leyts, dijo que el diálogo fue “constructivo” y no tuvo que ver con la crisis catalana en sí. Los dos jefes de gobierno hablaron sobre la profundización de la unión monetaria y el inminente traslado de oficinas de la Unión Europea de Gran Bretaña al continente, entre otros asuntos.
Pero el asunto de la extradición siguió provocando malestar.
España proporcionó al fiscal belga información sobre las condiciones de encarcelamiento de Puigdemont y los potros cuatro miembros de su gobierno si se aprueba la extradición.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que se había enviado la información requerida, pero señaló que “España es un estado de derecho desde hace muchos años” y que “nadie nos va a dar lecciones en Europa”.
El ministerio del Interior confirmó que había enviado información sobre las celdas, las garantías de seguridad, recreación, higiene y alimentos en las cárceles donde se alojaría a Puigdemont y cuatro de los exministros que lo acompañan en Bruselas.
El ministerio dijo que los cinco, a los que se acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos, tendrán acceso a sus abogados.
Si bien las naciones de la UE han respaldado casi invariablemente a Madrid en la crisis catalana, Bélgica fue una de las primeras en criticar el empleo de la violencia policial durante el referendo del 1 de octubre. España dice que la respuesta policial fue proporcional a los hechos.
El partido nacionalista flamenco N-VA, el socio mayor en el gobierno de coalición de Michel, ha mantenido una fuerte discusión con el Partido Popular (PP) de Rajoy sobre el problema catalán y los vínculos de ambos partidos a un pasado autoritario.
