Entre los liberados está el periodista hispano-ruso Pablo González, según declaró su abogado en España.

«Hoy se ha llevado a cabo una operación de intercambio coordinada por nuestra organización, que ha jugado un importante rol de mediación en esta operación, la más amplia de los últimos tiempos», cita NTV un comunicado del MIT.

Según la citada emisora, se trata de 26 personas, entre ellos militares y periodistas, procedentes de siete países, que fueron enviados en avión a Ankara para ser intercambiadas en lo que la emisora describe como «el mayor intercambio de rehenes desde la II Guerra Mundial».

La radiotelevisión pública turca TRT señala que los afectados llegaron a Turquía en 7 aviones procedentes de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Rusia, y que diez personas, entre ellos dos menores de edad, se trasladaron a Rusia tras el intercambio en el aeropuerto de Ankara.

De las 16 personas restantes, 13 volaron a Alemania y tres a Estados Unidos, agrega la citada cadena.

TRT asegura que la lista incluye al periodista Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, el militar estadounidense Paul Whelan, el alemán Rico Krieger, sentenciado a muerte en Bielorrusia, y el opositor ruso Ilya Yashin, así como Vadim Krasikov, oficial del FSB, el servicio secreto ruso, encarcelado en Alemania por el asesinato de un disidente checheno.

Según TRT, el MIT lleva tiempo coordinando las preparaciones para esta operación, lo que ha incluido un encuentro de los distintos bandos implicados en Turquía en julio pasado.

Los agentes del MIT acompañaron a los prisioneros durante el intercambio en el aeropuerto, los entregaron a las respectivas delegaciones y dieron el visto bueno para el despegue de los aviones después, explica la citada emisora.

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El gigante asiático considera que la ley estadounidense, al requerir el uso de productos de regiones específicas como requisito para acceder a los subsidios, excluye de forma injustificada a productos de miembros de la OMC como China, creando barreras comerciales artificiales y aumentando los costos de la transición hacia la energía verde.

«No importa cómo se empaquete o se embellezca, no puede cambiar la naturaleza de los subsidios involucrados, que son discriminatorios, proteccionistas y violan las normas de la OMC», declaró hoy en un comunicado la portavocía del Ministerio de Comercio de China.

Pekín inició un caso de solución de diferencias en la OMC contra la Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU. el pasado 26 de marzo, al no haber logrado una solución a través de consultas con la parte estadounidense.

El pasado mes de junio, el gigante asiático negó que sus vehículos eléctricos estén «inundando» el mercado estadounidense y ha asegurado que son «competitivos» gracias a una «innovación tecnológica continua», en respuesta al presidente de EE.UU., Joe Biden, que criticó recientemente los subsidios de Pekín a dicha industria.

Biden anunció en abril nuevos aranceles por valor de 18.000 millones de dólares a las importaciones de productos de China, siendo los más castigados los vehículos eléctricos con gravámenes que pasan del 25 % al 100 %.

Otra subida recayó sobre las baterías de iones de litio usadas en los vehículos eléctricos, que se elevarán del 7,5 % al 25 % este año.

El anuncio se produce en plena campaña para las elecciones del 5 de noviembre y en un momento en el que Biden, que busca la reelección, ha adoptado un tono cada vez más duro con China en un intento por conquistar a la clase trabajadora de EE.UU. y distanciarla del expresidente Donald Trump (2017-2021), futuro candidato republicano.

En una visita a China, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, expresó en abril su preocupación sobre el «apoyo directo e indirecto» por parte de Pekín a sectores como el de los vehículos eléctricos y consideró que ese respaldo «está causando un exceso de capacidad industrial china», algo negado por las autoridades del gigante asiático.

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Estos temas fueron tratados durante la visita a la isla de la secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Consulares, Rena Bitter, y la directora de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., Ur Mendoza Jaddou, del 8 al 10 de noviembre, según informó este jueves la embajada norteamericana en una nota de prensa.

También se trataron temas como la «tramitación de la reunificación familiar cubana» y la «reanudación del procesamiento de visas de inmigrante a principios de 2023 en la Embajada de Estados Unidos en La Habana».

Las funcionarias se reunieron el pasado miércoles con el viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cossío, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería.

Según la parte cubana, en el encuentro se trató «la importancia de que se reanuden totalmente los servicios migratorios y consulares en la embajada estadounidense en La Habana«. Pero no hizo referencia al tema de los derechos humanos, como sí lo hizo EE.UU. en su nota de este jueves.

Este encuentro tiene lugar en medio de un masivo éxodo de cubanos, principalmente hacia Estados Unidos.

En el pasado año fiscal (octubre 2021-septiembre 2022) se registró la cifra récord de migrantes irregulares en general -y de cubanos en particular- llegados a la frontera sur de EE.UU. La migración se ha convertido en tema clave en la política nacional estadounidense.

Los migrantes cubanos sumaron 224.607 en ese período, según el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Además, la Guardia Costera estadounidense ha detenido en las costas de Florida a más de 6.182 cubanos desde el 1 de octubre de 2021.

En ese periodo, el Gobierno estadounidense hizo entrega de 23.966 visas a cubanos y por primera vez desde 2017 cumplió con el acuerdo migratorio bilateral de 1994, que estipula la entrega de un mínimo de 20.000 visas al año a los ciudadanos de la isla.

El Gobierno cubano culpa a Washington por la migración irregular de ciudadanos cubanos. Tanto por no cumplir el acuerdo bilateral como por la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, de 1966, que permite a los cubanos solicitar la residencia permanente en Estados Unidos al año y un día de permanecer en ese país.

El creciente flujo de cubanos ya marcó el diálogo bilateral sobre migración de abril pasado en Washington, otro mecanismo reactivado por la Administración de Joe Biden y que Donald Trump había suspendido en 2018.

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