Legislar con perspectiva de género, significa construir un lenguaje común acerca de la igualdad que se busca para el país, además de que significa, reconocer que la desigualdad de género plasmada en las leyes retrasa el avance del desarrollo de las mujeres, aseguró la diputada federal del PRI por Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández.

Así lo manifestó la legisladora federal, en tribuna, luego de que fuera aprobada su propuesta respecto a la  modificación del Reglamento Interior del órgano legislativo en el Congreso de la Unión para incorporar el enfoque de la perspectiva de género en la formulación de Iniciativas que ingresen, se analicen, discutan y en su caso se aprueben en esa instancia.

“Hablar de género no solo es un tema de mujeres. Legislar con perspectiva de género, significa construir un lenguaje común acerca de la igualdad que buscamos para nuestro país, significa, reconocer que la desigualdad de género plasmada en las leyes, en las políticas y las normas, ha retrasado -por siglos- el avance del desarrollo de la vida de las mujeres”.

De igual manera, la diputada  federal refirió que los cambios a la normatividad para impulsar el desarrollo de las mujeres refuerzan las acciones como las que se realiza el Día Internacional de la Mujer, la cual dijo es  una  fecha en la que muchas voces se alzan y los análisis puntuales surgen, y todos se vuelven comunes para que llegado su momento sean cotidianos.

“En fechas como las que se acaben de celebrar hace apenas unos días, los diagnósticos al unísono se vuelven denominador común, pero sabemos que falta mucho por hacer para lograr el anhelo de la igualdad sustantiva. Hay avances, se reconoce, pero las mujeres están lejos del poder y la justicia. Dicho en otras palabras, hay trabajo, hay siembras indiscutibles, pero los frutos extensivos no acaban de llegar”.

Por último, Rodríguez Hernández exhortó a todos a seguir empoderando a las mujeres, porque es una vía importante para la superación de la desigualdad de género, ya que la inclusión social, no se logra si se excluye a la mitad de la población, es decir, al 50 por ciento de la fuerza productiva del país; que niñas y adolescentes tengan un proyecto de vida; que las mujeres decidan sobres sus cuerpos; que todas conozcan y ejerzan sus derechos.