Por lo menos el 11.9 por ciento de los emprendedores y empresarios en Hidalgo, de una media nacional de 20.2 por ciento, se enfrentaron a un excesivo marco regulatorio que entorpeció la apertura de nuevas empresas, y cumplir con al menos 19.9 trámites oficiales les significó un gasto promedio de 48 mil 871 pesos.

A nivel nacional, el año anterior 52.6 Por ciento de las unidades económicas –empresas-, identificaron los costos monetarios relacionados con las regulaciones oficiales y estimaron una erogación de 115 mil 700 millones de pesos, equivalentes al 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reportó la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige), realizada por vez primera en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y difundidos ayer.

A nivel estatal, el 77.2 por ciento de las unidades económicas de Hidalgo, de una media nacional de 50.9 puntos porcentuales, consideran que la corrupción por parte de funcionarios públicos “fue muy frecuente”.

Otros datos difundidos por la encuesta precisan que el 50.9 por ciento de las unidades económicas consideraron que el año anterior las cargas administrativas se incrementaron o siguieron igual que un año antes.

De acuerdo a los emprendedores y empresarios hidalguenses, 693 de ellos, por cada 10 mil unidades económicas, fueron víctimas de corrupción al realizar trámites oficiales en el 2016, de una media nacional de 561.

En cuanto a satisfacción en el cumplimiento de la tramitología inherente a la apertura de una empresa, entre un 78.0 y 81.9 por ciento de los hidalguenses se sintieron satisfechos, frente a una media nacional de 76.6 por ciento, informó el Inegi, es generar información a nivel nacional por entidad federativa, municipios y delegaciones, sobre generar información a nivel nacional, por entidad federativa, municipios y delegaciones seleccionados sobre experiencias y percepción en las unidades económicas del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos; percepción de los marcos regulatorios que rigen a las unidades económicas ya establecidas y a aquellas que pretenden establecerse en México, y percepción y experiencias en las unidades económicas en relación con actos de corrupción al momento de realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos.