Al presentar el libro “Retos constitucionales. Entre el control convencional y la protección a derechos humanos”, el jurista Enrique Carpizo se pronunció contra quienes proponen una nueva Constitución Política en México, pues dijo que los argumentos con los que se pretende sustentar esta idea no solamente son equivocados, sino insuficientes.

“En los últimos 20 años la temática de una nueva constitución es el origen de dictaduras contemporáneas y del ascenso al poder de fuerzas políticas que no son nada compatibles con un estado constitucional de derecho”, indicó el autor.

“Y eso lo pueden ver ustedes con tan solo meterse a internet y averiguar qué ha pasado con los gobiernos que se han dado a partir de las constituciones sancionadas en este tiempo”, dijo a magistrados, consejeros, jueces y personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).

El libro de Carpizo fue presentado en el auditorio Jesús Ángeles Contreras del Poder Judicial, donde se llevó a cabo un panel de análisis que fue moderado por el consejero Román Souberville González y contó con la participación de los magistrados Claudia Lorena Pfeiffer Varela, Raúl Arroyo y Mario Ernesto Pfeiffer Islas.

Al dar la bienvenida al jurista, Blanca Sánchez Martínez, presidenta del TSJEH, consideró que con esta obra queda claro el gran reto que el Poder Judicial tiene frente a la defensa de los derechos humanos, y además como factor de cambio en el devenir de la historia y el proyecto del país.

“Muchos son los temas que aborda en sus retos constitucionales, pero el mayor reconocimiento que debe hacerse al autor es por exponer sus ideas con una clara vocación de servicio a la patria y denunciar aquello que puede mejorar o inclusive cambiar”, manifestó la magistrada.

En comentarios en torno al texto presentado, Carpizo se pronunció por el respeto a los tratados internacionales que han sido ratificados por México, aun cuando estos contravengan la Constitución.

Advirtió que no hacerlo es contrario a la cláusula 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por lo que en automático hace que México incurra en responsabilidad internacional.

“Solamente acepto una excepción, que es cuando el derecho nacional proteja más que el derecho internacional”, expuso, al subrayar que “ningún tratado internacional se celebra con el objetivo de no aplicarse”.