Como parte del proceso de delimitación de funciones entre la recién creada Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto a las denuncias penales por el mal manejo de los recursos públicos, ambas instancias realizan los trámites respectivos parea transferir los asuntos de competencia a la primera de las instancias.
Así lo dio a conocer el Fiscal Anticorrupción, Ricardo González Baños, quien aseguró que a la fecha se han detectado al menos 20 casos de los que la instancia a su cargo podría hacerse cargo a partir del próximo año, a los cuales se sumarán los que se presenten a partir de la creación del organismo que encabeza y que fue creado hace poco más de un mes.
“Hay casos de denuncias de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno de los que se encargaba la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero ahora con la creación del Sistema Integral Anticorrupción, que es a nivel nacional pues ya tenemos una participación más directa en estos casos”.
De igual manera el funcionario dio a conocer que en estos momentos se encuentra junto con el procurador en la etapa de revisión, de los casos que ya se tenían en la PGJEH antes de la entrada en funciones de la Fiscalía Anticorrupción, además de referir que todos y cada uno de los casos denunciados hasta el momento contra algún servidor público son importantes.
“En estos momentos estamos checando todas las denuncias que ya estaban con antelación a la entrada en vigencia de la fiscalía y estamos en pláticas con el procurador para ver cuáles son los que nos corresponden, y nos encargaremos de los que tienen que ver con señalamientos contra los funcionarios estatales y municipales porque lógicamente los federales pasarán a manos de la fiscalía federal y hasta el momento hemos detectado al menos 20 asuntos que serán competencia de esta fiscalía”.
Para finalizar, González Baños afirmó que el procedimiento para realizar las denuncias es tipo penal donde se hacen las investigaciones, para que en su caso se puede ejercitar la acción penal conforme a derecho contra de quienes resulten responsables de los señalamientos de actos de corrupción como funcionarios.
