Derecho a la educación, a la salud y a la identidad de los menores son algunos de los rubros en lo que México ha avanzado, mientras que también en materia laboral se tiene una importante evolución pues, si bien aún existen niños que trabajan, el número de quienes viven esta situación es cada vez menor.

Así lo expuso la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leticia Bonifaz Alfonso, al impartir el curso “Evolución histórica de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el sistema de justicia, a partir de la Constitución de 1917”.

En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, la académica consideró que el Estado tiene la gran responsabilidad de ver las causas y no sólo las consecuencias de este problema social, por lo cual reconoció el esfuerzo que se lleva a cabo para reestructurar las políticas públicas alrededor del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes.

Porque pareciera que los sistemas DIF se quedaron cortos ante todo lo que hay que hacer, y las procuradurías y todo lo que se ha ido creando, desde mi punto de vista requerirían una mayor armonización de las políticas públicas”, comentó.

Bonifaz Alfonso destacó que, actualmente, en las controversias familiares el acceso a la justicia está garantizado para los menores, quienes antes “era invisibles y estaban ahí como un apéndice de los padres”.

“En otro tiempo parecía que en un divorcio el conflicto era entre dos personas, pero daba igual qué afectaciones estaban teniendo los niños. Hoy pueden participar, opinar, decir cómo se sienten y recibir una protección especial; antes no era así”.

Los trabajos, en los que participaron magistrados, consejeros, jueces y personal del Poder Judicial, además de servidores públicos de la Procuraduría de Justicia y de la Coordinación General Jurídica del gobierno estatal, fueron inaugurados por la magistrada Blanca Sánchez Martínez, acompañada por el magistrado Román Souberville González y el director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas (IPIJ), Eudaldo Rivas Gómez.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) afirmó que existen muchos factores que afectan el entorno de un menor, desde la violencia familiar física, sexual o emocional, hasta el fenómeno de haber sido atrapado por grupos de la delincuencia, lo que da como resultado tener un adolescente en un proceso judicial.

Por ello, indicó, “tenemos mucho que hacer los que somos responsables de dar los escenarios adecuados y tomar medidas obligatorias que garanticen la protección a estos seres tan vulnerables”.

Al dar la bienvenida a la ponente, el magistrado Souberville González dijo que tanto la Constitución como los tratados internacionales reconocen formalmente los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, pero tales disposiciones alcanzarán su mayor plenitud y eficacia en la medida que los operadores del sistema de justicia estén lo más altamente capacitados y especializados en el tema.