A casi dos meses de que fuera baleada su casa de campaña y de que se presentara la denuncia correspondiente, a la fecha no hay avances en las investigaciones, afirmó el ex candidato del Partido Acción Nacional a la diputación local por Tula, Daniel Alonso Rodríguez Pérez, quien manifestó haber sufrido un nuevo incidente fuera de la entidad.

El también activista defensor de los derechos humanos, afirmó que hasta el momento y pese a una serie de solicitudes, no ha tenido ninguna notificación directa de las autoridades para conocer el estatus de la denuncia interpuesta por este caso ocurrido mientras aspiraba a una curúl del Congreso del Estado.

El ataque ocurrió el pasado siete de junio, cuando era candidato del PAN a la diputación por el distrito de Tula de Allende, fecha en que se denunció que la casa de campaña había sido baleada y que al menos tres disparos habían hecho blanco en la fachada, uno de ellos en la habitación donde se dormía”.

De igual manera, el también activista defensor de los derechos humanos de la población, refirió que no sólo en la actividad política hay riesgo, sino en el activismo, y acusó que apenas hace unos días fue víctima de un nuevo incidente durante una de sus actividades en el vecino estado de Puebla, donde también fue presentada la denuncia respectiva la cual aseguró que se espera que prospere.

Con Relación a este segundo incidente, señaló que al encontrarse en la capital del vecino estado de Puebla junto con el líder de una organización social de esa entidad, fueron asaltados en un hecho que consideró como “sospechoso”, ya que los delincuentes fueron directamente sobre ellos para despojarlos de sus pertenencias personales en las que portaban no solo artículos personales, sino de sus actividades de defensa de los derechos de la población.

Por último, afirmó que en el caso de la agresión sufrida en el estado mientras participaba en política pedirá a las autoridades que se agilicen las investigaciones, no solamente para conocer la identidad de los responsables, sino para poder capturarlos, ponerlos a disposición de las autoridades y castigarlos conforme a derecho a fin de que este y todos los actos delictivos no queden impunes.