La primera consulta que realiza un gobierno que, paradójicamente todavía no está en funciones, capta la atención en estos días. Resulta que la continuidad del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, se somete a consideración de los participantes en dicha Consulta, quienes podrán emitir una opinión sobre la obra de ingeniería más importante del país en los últimos años.
Como ocurre con los temas polémicos por naturaleza, hay que tener mucho tacto para abordar el asunto que nos ocupa. Incluso, en la forma de enunciar el ejercicio de participación ciudadana cabe también cierto criterio tendencioso.
Por principio de cuentas habría que subrayar que la denominada Consulta es un mero referente de opinión para un grupo minoritario de la población. Esto es, se instalarán en todo el territorio nacional, poco más de mil mesas de votación que serán distribuidas en 538 municipios de las 32 entidades. Para tener un referente, en las elecciones federales de julio pasado se instalaron más de 154 mil casillas de votación en todo el país.
Siguiendo este criterio, se puede sostener que el ejercicio de participación es sólo un referente simbólico de un universo de personas que pueden expresar una opinión al respecto. Ahora bien, más allá de los criterios de logística y operación; las preguntas que están en el aire y que tienen múltiples lecturas son ¿para qué hacer una consulta que no es representativa ni vinculante? ¿Qué está en juego con esta decisión? ¿Qué intereses se afectan con esta decisión? ¿Qué busca la nueva administración con este ejercicio de Consulta?
Trataré de dar un panorama general para responder a las interrogantes previas. El gobierno entrante busca realizar una Consulta para legitimar una decisión que ya está tomada. En política las decisiones se toman entre pocos y se busca la forma de justificar esa decisión entre muchos. Sería ingenuo pensar que un proyecto de tal envergadura se deje al azar de los pueden opinar. Incluso de quienes (incluyéndome) no contamos con los criterios suficientes para decidir entre una de las dos opciones.
¿Qué se busca entonces? Dejar un mensaje que esas decisiones se tomaran con la gente y siguiendo la directriz de las mayorías. Algunos podrán decir que lo anterior es poca cosa. Un juego o una simulación muy burda. Pero lo cierto, es que un pueblo acostumbrado a ser desplazado en la toma de decisiones celebra ser considerado aunque en el fondo todo sea pura faramalla. Aun así, para quienes entrarán a gobernar a partir del primero de diciembre es muy rentable tener un discurso incluyente y participativo.
Dicho de manera llana, para el gobierno entrante la Consulta es un ejercicio de ganar – ganar. Se beneficia el nuevo tomador de decisiones “socializando” sus acciones y se legitima a través de la participación de miles de personas. Aún con todas sus deficiencias, la consulta abre la puerta a la participación ciudadana y eso es muy conveniente para el discurso de Andrés Manuel López Obrador.
Pero en política todas las decisiones afectan intereses. Y esta ocasión los “más afectados” son los grandes empresarios de este país que acostumbrados también a ganar no se quedaran con los brazos cruzados. De hecho, muchos de ellos han emprendido campañas en los medios para descalificar tal ejercicio de Consulta. En el fondo ellos defienden sus intereses económicos y no un proyecto que sea más o menos conveniente para el país.
En suma, la Consulta que se realizará este fin de semana tendrá un resultado cantado desde hace meses. La cancelación del proyecto en Texcoco y la posibilidad de analizar otras opciones como Santa Lucia en el estado de México.
Hay que decir que el fondo existe un alto riesgo para el gobierno que recién se estrena. Puede ser que esta consulta sea una punta de lanza en otros temas y sirva como acicate para varios asuntos en donde el pueblo opine. O bien, se puede convertir en el primer gran error de un gobierno que jugó a la simulación sin medir bien los riesgos. Al tiempo.
Twitter: @2010_enrique
