Habitantes del municipio de Apan acusaron una sobre explotación del agua tras la llegada de la empresa de Grupo Modelo a la región, con la que se pretende un consumo tres veces mayor al que se destina para el uso doméstico anualmente.
En conferencia de prensa, los habitantes representados por los asesores jurídicos Oscar Santos Gómez y Albino Islas Barrera, señalaron que el asentamiento de la empresa se realizó de manera irregular por los tres niveles de gobierno, desde la autorización de las licencias de construcción, el estudio de impacto ambiental y la autorización para la explotación del agua.
Bajo estas circunstancias, consideraron que existe una vulneración al derecho humano al agua, daño a la salud, al medio ambiente y el respeto a la seguridad jurídica luego de que la mayoría de los documentos fueron emitidos de manera irregular contra las normas, leyes y reglamentos.
De acuerdo con los abogados, el municipio cuenta con 15 concesiones para la substracción de agua del subsuelo que anualmente reportan dos millones 336 mil metros cúbicos al año para cubrir el servicio doméstico del agua en el municipio.
No obstante, la Comisión Nacional del Agua emitió permisos al Gobierno del Estado por seis millones 342 mil metros cúbicos al año, es decir tres veces más de lo que gasta el municipio para el servicio doméstico, lo cual consideraron una sobreexplotación a corto plazo.
Añadieron que de acuerdo al análisis, se detectó la emisión de permisos y autorizaciones irregulares por parte de la alcaldesa de Apan, María Antonieta de los Ángeles Anaya, quien emitió una licencia de construcción temporal que venció en enero de 2018.
De igual forma, por parte del Estado que permitió la construcción de la empresa dando facilidades, contra las Secretarías de Medio Ambiente Estatal y Federal por autorizar un estudio de impacto ambiental sobre una cuenca hídrica y contravenir a un decreto de veda para evitar la explotación del agua para uso industrial y doméstico.
Finalmente, señalaron que se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por otorgar estos permisos para beneficiar a la empresa, así como dos carpetas de investigación en contra de los socios y representantes legales por el delito de despojo de aguas.
