La Cámara de Diputados federal reformó el Código Fiscal de la Federación para desincentivar la adquisición y expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y castigar esta defraudación fiscal con sanciones de hasta 6 años de cárcel, especialistas fiscales hicieron notar que estos delitos se dan más el sector gubernamental que en la iniciativa privada.
Determinaron los diputados federales que se sancionarán estos delito con penas de cárcel de hasta seis años, a fin de desalentar la emisión de facturas falsas por un monto global anual que oscila entre 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que representa unos 42 mil millones de pesos.
Pero ocurre que contrario a lo que pudiera pensarse, el uso de facturas apócrifas y actos jurídicos simulados no se dan tanto en las actividades productivas privadas en el país sino en el sector gubernamental, afirmó el especialista fiscal hidalguense, Alfredo Cabrera Román.
“Estas facturación falsa se usa para evadir pago de impuestos, pero sobre todo, para extraer o desviar recursos públicos, por funcionarios públicos”, aseguró Cabrera Román.
Estas reformas constitucionales aprobadas en la cámara baja, con 417 votos a favor, permite contar con mecanismos de control para erradicar la corrupción en la presentación de servicios o adquisición de bienes. La minuta fue avalada por unanimidad con 417 votos a favor. Se turnó al Ejecutivo federal
Al respecto, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yáñez, señaló que México es percibido como uno de los países más corruptos del mundo y estas reformas aprobadas podrían desalentar a quienes utilizan la “contaduría creativa” para defraudar.
Otros especialistas fiscales en Hidalgo hicieron notar que los tiempos en los que se compraban facturas falsas en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, “es cosa del pasado”.
Ahora se crean empresas fantasma, legalmente constituidas, para expedir facturas por supuestos servicios profesionales, en la extensa mayoría de los casos; facturas que en muchos casos son canceladas un mes después de expedidas.
La frecuente cancelación de facturas, se dijo, llaman la atención a las unidades de Inteligencia Financiera o de prevención de lavado de dinero de Secretaría de Hacienda, la que realiza auditorías que ponen estos delitos de manifiesto y que pueden llevar a la cárcel no solo a quien expide la factura sino también a quien la presenta.
