El viernes anterior, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, detalló las razones que llevaron a cancelar el proyecto aeroportuario de Texcoco, calificado reiteradamente por el presidente, Andrés  Manuel López Obrador como un “nido de corrupción”.

El secretario comenzó hablando de las razones que llevaran a suspender dicho proyecto, cuando registraba un avance del 21 por ciento, asegurando que el mismo provocó impactos ambientales, “algunos irreversibles”, pues el lago de convertiría en laguna de regulación y se le incorporarían aguas residuales, afectando a la fauna de aves migratorias, altamente peligrosas para la aviación, además de generar una sobrepoblación de tres millones de personas en una zona que sufre por falta de agua… entre otros.

Pero además argumentó razones de carácter social, entre ellas, la carencia de proyectos de infraestructura complementaria por parte de los gobiernos mexiquense y de la CDMX.

En el aspecto técnico, dijo, los estudios presentados sobre el NAIM presentaron omisiones que provocarían costosos cambios, además de carecerse de un proyecto ejecutivo, lo que originaría que el  presupuesto destinado al mismo, de 85 mil millones de pesos, se incrementara más de 300 por ciento.

Hubo imprecisiones también como el que el proyecto original consideraba una extensión de 472 mil metros cuadrados, mismos que para el año 2015 ya sumaban 700 mil, y en el 2019, 792 mil. Para entonces el presupuesto del proyecto había ascendido a 305 mil millones de pesos.

Argumentó además el funcionario irregularidades financieras y citó un informe de la empresa concesionada, Parsons, en el que informaba que el costo del NAIM subiría entre 16 mil y 17 mil millones de pesos. documento que fue presentado al gobierno de transición.

Citó además que la construcción del NAIM violó los lineamientos de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda en cuanto a evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión, por lo que la Secretaría  de Hacienda debió suspenderlo desde su inicio.

Minutos antes de dar la palabra al secretario, el Presidente había insistido, por enésima ocasión, en que el proyecto aeroportuario era un nido de corruptelas; que tras el mismo se amasaban jugosos negocios, principalmente inmobiliarios, pues se pretendía aprovechar los predios ocupados por el AICM  y Santa Lucía para construir multimillonarios desarrollos habitacionales y comerciales.

Dio además “una mala noticia” a sus “adversarios”, de que el proyecto ya fue sometido a consulta entre los habitantes vecinos de la base aérea de Santa Lucía, y estos lo apoyaron.

Aseguró López Obrador que el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzará a construirse el 21 de junio del año en curso, con una inversión de 68 mil millones de pesos más IVA, y que en dos años exactos, el 21 de junio del 2021 entrará en operaciones la primera etapa del mismo y en todas sus etapas en 2024, sin un peso extra de inversión, y tendrá una vida útil de 50 años.

Fuimos muchos los que nos quedamos esperando a que Jiménez Espriú profundizara sobre el “nido de corrupción” que era este proyecto, que pusiera nombres y apellidos a las corruptelas, montos exactos y sobre todo, fechas en las que se procederá judicialmente para sancionarlas.

Llama la atención el compromiso presidencial de que su proyecto aeroportuario no tendrá ni un peso extra de lo presupuestado, pues no se habló de cálculos inflacionarios, posibles alzas de precio de materiales en estos dos años, de tasas de interés bancarias y de factores naturales o de carácter nacional o internacional,  que impacten en los costos de la obra.

Pero además, López Obrador  dejó en el aire también una pregunta que se le hizo dos veces el viernes: la razón social de la empresa o empresas que ejecutarán el proyecto.

Detalles, simples detalles.

 

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