El problema de la violencia contra la mujer es un asunto de derechos humanos que debe ser atendido como un asunto de Estado, aseguró la diputada local del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala, al presentar una iniciativa de reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado.
De acuerdo con la legisladora local, resulta necesario que el Estado Mexicano cumpla con su responsabilidad de atender la problemática a través del fortalecimiento de los instrumentos con los que cuenta y el diseño de nuevas rutas que permitan, en el marco de los derechos humanos, garantizar que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia y en condiciones de igualdad.
“La alerta de violencia de género es definida por la propia Ley, como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, además de que el procedimiento de alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra”.
Miranda Ayala añadió que la alerta de violencia de género, consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado; la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.
“El objetivo fundamental de la alerta de violencia de género contra las mujeres es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos, plasmado en el artículo 23 de la citada Ley”.
La diputada local del Partido del Sol Azteca, pidió a sus compañeros sumarse a dicha iniciativa en beneficio de las mujeres hidalguenses, para que en conjunto sea superado cualquier obstáculo que frene el desarrollo del proceso legislativo y a la brevedad sea aprobada en Comisiones, para que se armonice nuestra legislación con lo señalado en la federal.
