Pachuca.- Al asegurar que el T-MEC, contempla en uno de sus apartados reforzar a lucha contra la corrupción, en el gobierno federal ha ignorado al Sistema Nacional Anticorrupción, y al mismo tiempo ha aumentado el uso del gasto discrecional en contratos públicos y ha despreciado señalamientos públicos en contra de importantes miembros de su Gabinete.

Así lo dio a conocer el presidente de la Confederación Patronal dela República Mexicana Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, manifestó que desde el inicio de su gobierno, López Obrador, ha desacreditado la relevancia del Sistema Nacional Anticorrupción y ha emprendido diversas acciones que han debilitado el entramado institucional del combate a la corrupción.

“Se necesitan acciones institucionales, más ahora que la percepción pública señala notorios casos de presunta corrupción en el equipo cercano del Presidente, como es el caso de Manuel Bartlett y Zoé Robledo”.

El empresario, manifestó que el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en su momento más bajo desde que fue creado ya que su órgano ciudadano que es el corazón del sistema a la fecha solo cuenta con tres de los cinco miembros que debería de tener ya que los dos restantes no podrán ser nombrados hasta que exista una Comisión de Selección, misma que debe de ser propuesta y aceptada por el Senado de la República.

“La integración de esta Comisión lleva un año de retraso, lo que muestra claramente el desinterés del Poder Ejecutivo en el tema a pesar de que en el discurso sea su tema más socorrido. El avance de los Sistemas Estatales Anticorrupción, ha sido muy lento ya que han enfrentado resistencias de las autoridades locales, además de que a casi cuatro años de que se promulgaron las leyes que dieron vida al SNA, ni Chiapas ni Nuevo León han instalado el Sistema Anticorrupción”.

Rivera Barquín, aseguró que el Tratado contiene un capítulo anticorrupción cuyo propósito es reforzar el combate a la corrupción en los países que lo integran. Este capítulo compromete a México a combatir prácticas y actos de corrupción, a sancionar a funcionarios públicos que incurran en este delito, a adoptar programas de cumplimiento con base en mejores prácticas y a fortalecer la cooperación entre las autoridades de los tres países.