La información sobre las presuntas extirpaciones de matriz (histerectomías) en mujeres migrantes en centros de detención en la sureña Georgia, en Estados Unidos, muestran simplemente la mantención del estado de indefensión de quienes deciden ir al país del norte en busca, creen, de un mejor horizonte.
No se trata, en efecto, de algo nuevo, sino de una situación recurrente que cada cierto tiempo adquiere notoriedad, bien por la denuncia de algunas de las organizaciones que pretenden salvaguardar a los emigrantes, sobre todo los que se lanzan al éxodo sin documentos, bien por revelaciones como ha sido ahora el caso, o por informes de organismos internacionales que describen la situación y lanzan recomendaciones para mejorar.
Pero nada cambia.
Un ejemplo de tales informes es el titulado “Violaciones a derechos humanos de personas migrantes mexicanas detenidas en Estados Unidos”, de mayo de 2013, que comprende los dos años previos, realizado por el Programa de Defensa e Incidencia Binacional de la Iniciativa Frontera Norte de México, en el cual se indica que de 866 entrevistados, casi 52 por ciento sufrieron abuso.
Los centros de detención estadounidenses fueron denunciados por falta de privacidad en los sanitarios para las personas en resguardo, pocos o nulos procedimientos para quejarse, deficiencias en la devolución de pertenencias personales, comida insuficiente o inadecuada, privación del sueño, estancia en celdas con bajas temperaturas y hasta deficiencias en el uso de cinturones de seguridad en aquellas personas cuando debían de ser trasladadas.
Pero más atrás en el tiempo otro informe, este de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con datos del año fiscal 2009, afirma que 40 por ciento de los centros de detención con promedio de 10 detenidos diarios, fueron desaprobados por su incumplimiento de los estándares de detención durante 2008 o 2009 o ambos.
La situación se torna grave por la política de los estados y condados estadunidenses de delegar las tareas de resguardo de migrantes en empresas de seguridad privada y contratistas, señala el “Informe sobre migración en Estados Unidos: detención y debido proceso”.
Con más de mil inmigrantes detenidos, las instalaciones ubicadas en Irving, en el estado de Georgia, se han convertido en el nuevo foco de atención por el número aún indefinido de mujeres que fueron objeto de una histerectomía, cirugía considerada mayor y que al ser innecesaria por causas médicas, equivale a la esterilización.
Varias de las situaciones encontradas en este caso reproducen las quejas hechas años atrás, incluyendo la responsabilidad del centro de Georgia que recae en un contratista privado, LaSalle Corrections, que de acuerdo a su propio perfil, también opera centros de detención en Louisiana y Texas, pero su oferta incluye también el diseño y construcción de ese tipo de instalaciones.
Como en casi todas las prisiones del mundo, la actual pandemia de Covid-19 se ha hecho presente en las unidades de detención estadunidense y ha generado las mismas denuncias: pocas pruebas, deficiente atención a quien se contagian, y malas medidas de prevención para el resto de personas que ahí se encuentran.
Los años de inatendidas denuncias avizoran que tras el escándalo de medios, posiblemente el médico presuntamente responsable recibirá algún castigo, pero la situación en esencia seguirá igual.
Y lo mismo en la frontera entre México y Estados Unidos que en otros muchos lugares del mundo, la migración sigue siendo criminalizada sin que se vean soluciones de fondo ni mejora en el trato a quienes cometen el delito de huir de guerras o malas condiciones económicas.
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