Ya desde el pasado año durante el mes de octubre las autoridades de los Estados Unidos (EE.UU) de Norteamérica estaban armando y accionando la detención del anterior secretario de la Defensa en el sexenio pasado: general Salvador Cienfuegos Zepeda (14 junio 1948), condecorado hasta el cansancio durante múltiples gobiernos y países estalla la imputación de cinco cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero que deviene de las mismas acciones ilícitas.
El pasado día 17 de noviembre, ya con unas semanas en custodia, el general mexicano había pedido atención consular y la obtuvo, los cargos serán desestimados en EE.UU, pero pasarán todo el paquete probatorio que sostuvo su arresto a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, para abrir la investigación y llevar a cabo el proceso en México.
De entrada los mexicanos cuestionamos si esto no daría pie a un proceso de impunidad, el Presidente y el canciller opinaron en la mañanera del 18 de noviembre que no es el caso. Recalcó el Marcelo Ebrad que, a diferencia de García Luna que tenía calidad de residente en EE.UU, Cienfuegos fue aprehendido en calidad de turista y su nacionalidad es mexicana por lo que la acción consular era pertinente.
Asociado a las actividades ilícitas del Cártel de los Beltrán Leyva que opera en la frontera norte, al general se le acusa de haber transportado heroína, cocaína, metanfetamina (en cantidades variables y menores) y una tonelada de marihuana así como de haber realizado operaciones bancarias bilaterales de recursos ilícitos (lavado de dinero). El General ante la corte de EE UU se declaró inocente de los 5 cargos que se le imputaron y que ahora le son retirados por la jueza en Brooklyn que llevaba su caso.
El día de hoy sera deportado a la ciudad de México por los EE. UU Marshalls pero ya no en calidad de detenido. Será la fiscalía quien determine si con las pruebas aportadas por EE UU se le dé prisión preventiva o no según como avance esta carpeta de investigación que tiene apenas menos de una semana de contar con el material probatorio. En pocas palabras: es muy probable que el General llegue a México a enfrentar su proceso por el fuero común y no una corte militar (por el tipo de delitos de que se trata) pero así como se puede avivar el fuego para lograr una limpieza del ejército con las declaraciones del General se puede dar totalmente lo contrario: que se minimice el asunto y se extinga todo riesgo para el mismo elemento de las fuerzas armadas.
Apodado “El Padrino” bien podría hacer honor al mote y ofrecer al gobierno mexicano “una oferta que no pueda resistir” moviendo fichas y entregando a peces más o menos gordos que él y logrando una impunidad a puerta cerrada que ya será el mismo Fiscal y el Ejecutivo quienes decidan que hacen o no con su caso.
Otro factor importante para ver que el Gobierno de México haya incurrido en todo el trabajo para traerlo de vuelta sería que efectivamente se le procese y se le incaute el dinero que resulte de operaciones ilegales en su haber. Sólo de pasada indico que siempre se les encuentra una minúscula parte de lo que realmente se mueve de manera ilegal. El General ha tenido décadas para haber llegado hasta donde llegó y haber operado por tierra y aire operativos de traslado de drogas y dinero sin haber sido detectado por nadie aún cuando sea un secreto a voces que dividir al ejército de la producción de drogas en México es más que imposible por lo menos desde el siglo pasado.
No en balde durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se logró la despenalización de las drogas y duró solo seis meses por presión de nuestro vecino del norte que es a fin de cuentas quien más gana con la producción de estupefacientes en el mundo.
El Gobierno de la 4T ha dado un papel preponderante a las fuerzas castrenses mexicanas, el ex secretario de la Defensa cuenta con muchísimo apoyo de los miembros del ejército todavía, no en balde el sexenio pasado logró una indemnización para gente del ejército “víctima del crimen organizado” por 148 millones de pesos. Una acción sin precedente.
Tampoco podemos olvidar su enorme esfuerzo por encubrir 22 ejecuciones extrajudiciales en Tlaltlaya durante un operativo que califica como un crimen de lesa humanidad como tenemos tantos y tantos en el País. La diferencia de bajas en operativos entre militares y criminales es realmente escandalosa, por cada miembro del ejército que cae por lo menos mueren entre 6 y hasta una docena de civiles. Queda claro que el ejército y la marina tira a matar y no a hacer detenciones. Son miles los casos que resultan así y que incluso en este sexenio se ha visto incrementada la estadística como ha hecho ver Intersecta.
Al cierre de esta columna el panorama es confuso. Ni siquiera viene el General en calidad de detenido. Llegará solo como repatriado a petición suya. ¿Será parte de las cabezas cortadas como Rosario Robles o gozará de las prevendas de Lozoya y Videgaray? Hagan sus apuestas señores, ¿la 4T ingresará los millones de Cienfuegos a las arcas de la Nación o no?
