Dra. Brenda Deysi Aguilar Martínez
Se cumple ya un año y un mes de detectada por primera vez en Wuhan, China, la cepa responsable de la enfermedad COVID-19, y donde después de los esfuerzos por detener la pandemia, fueron por demás insuficientes y llegaron a tocar los rincones más sensibles de nuestro país, ocasionando pérdidas humanas, afectaciones a la salud y a la economía de muchas familias mexicanas e hidalguenses.
Y mientras algunos sectores se adaptaron a la “nueva normalidad”, otros sufrieron pérdidas económicas irreparables y daño al tejido social y cultural inevitable; además, como es visto en otras crisis humanitarias, los grupos más vulnerables son quienes se encuentran a las orillas de las brechas de desigualdad no sólo en el acceso a la información y a la protección de la economía, sino también en el acceso al derecho humano de la salud.
El acceso a la salud no sólo se ha visto vulnerado en la información y la atención médica, hoy presenta un reto mayor: lograr la cobertura nacional en vacunación; ya que, tras la implementación de la Estrategia Nacional de Vacunación por parte del Gobierno Federal en México, se han identificado inconvenientes en los procesos compra, distribución y aplicación de la vacuna al personal de salud respecto al calendario nacional de vacunación emitido por la Secretaría de Salud, y es que no sólo la compra se ha visto afectada por políticas y acuerdos internacionales, si no también por decisiones gubernamentales que hoy nos dejan grandes interrogantes, como por ejemplo ¿cuándo recibirá la segunda dosis de vacuna el personal de salud si, de acuerdo a protocolos, debe aplicarse a los 21 días de la primera dosis? Se sabe que el proceso de compra se reanudará hasta a mediados o finales de febrero del año en curso, en caso de atrasarse la segunda dosis, no sólo pone en riesgo (nuevamente) al personal de Salud, si no que será un grave error en el proceso de inmunización de este sector.
A pesar de que se sabe que el personal de salud en nuestro país ha ocupado una de las tasas de mortalidad más alta a nivel mundial por Covid.
Hoy, sabemos que a partir del decreto presidencial de hace unos días, ya se podrán adquirir
vacunas desde un nivel público y privado y que los Gobiernos estatales y locales podrán realizar también compras independientes para lograr la tan anhelada cobertura de vacunación; estamos más cerca de lograrlo, sin embargo los garantes de este derecho humano no deben olvidarse de los sectores más desprotegidos, por mencionar algunos como, los de pobreza extrema, el sector indígena, sectores de riesgo como recolectores de basura, encargados de transporte público, trabajadoras del hogar, entre otros; es decir, todos aquellos quienes no cuenten con los recursos económicos para acceder a la vacuna y que además, no estén incluidos como sectores prioritarios en el calendario de vacunación. El reto es grande, pero con coordinación, empatía y voluntad política se puede avanzar.
