Pachuca.- Con el voto mayoritario de los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República quedó aprobado el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal, mediante el cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley Federal de Defensoría Pública entre otras.

Así lo dio a conocer el senador de Morena por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien manifestó que este dictamen tiene como finalidad, la instauración de una carrera judicial como pilar transversal del funcionamiento de la actividad jurisdiccional, lo que implica establecer limitaciones a la discrecionalidad de los nombramientos para garantizar que se otorguen a aquellas personas que hayan obtenido un resultado favorable en los concursos de oposición entre otros aspectos.

“La legislación aprobada prevé el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios respecto a asesoría jurídica en materia de amparo u otras materias que determine el Consejo de la Judicatura Federal, las cuales se integran a los actuales de defensa penal y laboral”.

Aprobadas leyes de reforma al Poder Judicial de la Federación: Julio Menchaca

En su calidad de presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, añadió que también se contempla la Ley de Amparo,  la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles; cuya finalidad es armonizar las reformas constitucionales publicadas el 11 de marzo de 2021, referentes al Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el senador, durante el debate las y los integrantes de las Comisiones destacaron el reforzamiento de las facultades institucionales para el combate a la corrupción, al nepotismo y al acoso; planteando un régimen sancionador para aquellas personas servidoras públicas del Poder Judicial que incurran en faltas administrativas graves y no graves.