Pachuca.- La transparencia obliga a los entes públicos a rendir cuentas por ser un instrumento para el control democrático de la gestión pública, pues los habitantes de un estado pueden buscar información, recibir datos o documentos, difundir los mismos y vigilar la actuación de las entidades públicas, afirmó la diputada local del PRI, María Luisa Pérez Perusquía.

En tribuna, a nombre de sus compañeros de grupo legislativo al presentar una iniciativa sobre el tema, señaló que toda instancia que recibe recursos públicos está obligada a una práctica sustentada en los valores de honestidad, probidad, ética, y transparencia, cumplimiento de compromisos, eficiencia, eficacia y efectividad, y coherencia con su misión, así como también a gestionar correctamente toda información archivística de interés público que genere o tenga en su posesión.

“Los Sujetos Obligados tienen la responsabilidad de transparentar sus gestiones y rendir cuentas a la sociedad; prevaleciendo el principio de máxima publicidad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, atendiendo al principio pro- persona y garantizando que la entrega de la información sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, por lo que atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona”.

Pérez Perusquía, manifestó que de la reforma efectuada al artículo sexto constitucional en el 2014, surgieron diversas disposiciones en materia de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales, las cuales se han publicado e implementado en los años 2016 y 2017; por lo que bajo este contexto, es necesario afianzar los compromisos adquiridos por el estado con la finalidad de contribuir a la democracia y la participación ciudadana, para garantizar la transparencia y rendición de cuentas

De su iniciativa, señaló que iniciativa, afirmó que se reforma y se adicionan las atribuciones del Consejo General, las cuales contemplan promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.