Lucía Lagunes Huerta

Hace unos días se dio a conocer el dato en relación a los candidatos que hoy están contendiendo y que pese a haber declarado no ser agresores de mujeres, lo son y de manera alevosa mintieron.

De acuerdo con el registro que lleva la “Observatoria ciudadana Todas MX” existen 81 aspirantes en todo el país que cuentan con denuncias por violencia sexual, familiar o que son deudores de pensiones alimentarias.

Todos ellos firmaron su declaratoria 3 de 3, asegurando que no contaban con antecedentes al respecto y la entregaron a sus partidos políticos, quienes no corroboraron que lo declarado fuera verdad.

Estos datos son el botón de muestra que confirma una de las debilidades de nuestro sistema de partidos pues en todos ellos hay candidatos que mintieron flagrantemente en busca del poder.

Este es el sistema de partidos que es necesario eliminar, el que miente, el que aprueba leyes y normas y luego busca como darles la vuelta para no cumplirlas, el que solapa a sus candidatos pese a ser delincuentes.

Los partidos políticos no tomaron en serio la declaratoria de no permitir candidaturas a agresores de mujeres, por lo tanto, no establecieron los mecanismos necesarios para garantizar que no se mintiera.

Son esas las prácticas que han provocado tanta desconfianza en la ciudadanía y han hecho que para dar certeza se invierta mucho en hacer seguras las elecciones.

Esta es la primera elección en que se aplican estos lineamientos y los resultados que estamos viendo nos llevan a replantear su efectividad para garantizar que realmente lleguen quienes fortalezcan el cambio que se requiere para poder transformar este país.

Si un aspirante a candidato en un acto administrativo miente ¿qué no hará una vez que tenga poder? Si un hombre que violenta a las mujeres o a la infancia llega al poder, sólo se llena de más poder para seguir agrediendo y el ejemplo está en el diputado Saúl Huerta.

“Ningún agresor al poder” no es sólo una frase, es la síntesis para romper con la impunidad que les ha permitido a los agresores hacerse de más poder para seguir violentando. Y es a la vez, una exigencia a la congruencia de los partidos políticos, quienes usan en sus campañas electorales los derechos de las mujeres como promesas. Y en esta ocasión es insultante escuchar asegurar que van a hacer lo que no hicieron cuando tuvieron el poder, especialmente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Estas afirmaciones tampoco se sustentan cuando miras el actuar frente a los agresores y la defensa que se hace de ellos, como lo vimos con el ex precandidato Félix Salgado Macedonio, o en el caso indignante de David Monreal, candidato a la gubernatura del estado de Zacatecas.

La debilidad de nuestro sistema de partidos y nuestra democracia, radica en la falta de ética política con la que se actúa, el pragmatismo personal o de camarillas que siguen funcionando con una lógica de beneficio y no de responsabilidad ni compromiso social.

Por ello, la ley debe ser cumplida, con las consecuencias que esto tenga, aún cuando el resultado no guste.

Y en este caso de la 3 de 3, otro filtro que habrá que pasar cada uno de los candidatos es la revisión aleatoria que hará la propia autoridad electoral de la veracidad de los dichos en materia de violencia contra las mujeres y la infancia. Esperemos los resultados.

La ventaja es que estamos muy a tiempo para hacer las modificaciones necesarias para hacer cumplir esta norma donde habrá que considerar que la mentira tendrá que ser razón suficiente para quitarle la candidatura a quien lo haga y darles responsabilidades a los partidos para garantizar los mecanismos de supervisión.

Me parece que el INE tendrá que hacer una evaluación profunda para mejorar esta medida, pues de no hacerlo se seguirá alimentando la corrupción y el abuso de poder que tanto daño nos ha hecho.