Citlali Jaramillo Ramírez y Juan de Dios Pontigo Loyola, integrantes del Grupo Legislativo del PRI, plantearon endurecer las sanciones a quienes usen indebidamente el agua a través de tomas clandestinas.
Durante la sesión ordinaria 55 del Congreso local, Pontigo Loyola puntualizó que la iniciativa reformará la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, a fin de proteger el servicio y distribución de agua, ante el incremento del uso indebido y clandestino del agua.
En ese sentido, la diputada Citlalli Jaramillo detalló que la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) cuenta con 280 mil tomas, y ha detectado más de 40 mil tomas clandestinas conectadas a su red de agua potable.
Indicó que dicha situación contribuye “en buena medida a que en la zona metropolitana de la capital se agudice y se encarezca en mayor medida el brindar el servicio a la población”.
Por ello, ambos legisladores propusieron que las personas que utilicen los servicios públicos de manera clandestina paguen las tarifas que correspondan a dichos servicio público y además, se harán acreedores a las sanciones administrativas que se señalan en la Ley del Agua y en su caso, a las sanciones penales relativas.
Además, una vez que se detecte un servicio clandestino, el prestador del servicio correspondiente procederá de inmediato a suspender el servicio desde la red de distribución y a notificar al propietario o poseedor del inmueble respecto de los requisitos que debe cumplir, así como la multa correspondiente, independientemente de la denuncia penal por el delito de robo de fluidos y los que le resulten.
