El diputado Roberto Rico Ruiz presentó una propuesta durante la sesión de este martes para crear la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, que cuente con las facultades para investigar, combatir, prevenir dirigir, coordinar y supervisar las averiguaciones y la persecución de los crímenes cometidos en contra las personas defensoras de derechos humanos y comunicadores.

En tribuna, el legislador del PRI precisó que la iniciativa con proyecto de decreto pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, a fin de dar vida a la Fiscalía Especializada como un órgano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, dotado de autonomía técnica, administrativa y operativa.

“La finalidad es la atención de las víctimas, a través de una institución que permita promover una cultura de prevención del delito, así como el respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información; abonando así, al mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a través de la adecuación de las figuras procesales idóneas, de las que hasta el momento nuestra entidad carece”, señaló.

En ese sentido, recordó que en el año 2015, el exprocurador de justicia Alejandro Straffon Ortiz creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas; sin embargo, dicha institución no fue trasladada a la Ley Orgánica; además, al renuncia su titular en 2018, el órgano quedó sin efecto ni configuración, ya que los asuntos en la materia han sido encargados a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social.

Por ello, planteó crear la Fiscalía Especializada en Delitos contra de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incentivar la cultura de la prevención del delito, y el respeto y difusión de los derechos a la libertad de expresión y a la información; y evitar la revictimización, bajo las medidas que aseguren la protección de la integridad de las personas afectadas, de todo acto que ocasione impunidad.

De aprobarse la iniciativa, y una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el gobierno estatal tendría un plazo no mayor a 15 días naturales para realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes; mientras que, la Procuraduría contaría con un periodo máximo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones administrativas, orgánicas, estructurales y presupuestarias para la operatividad de la Fiscalía Especializada.