Por Lucía Lagunes Huerta
Estamos ante una de las disyuntivas más importantes de los tiempos recientes en nuestro país que involucra el modelo de nación que tendremos en materia de seguridad y derechos humanos, elementos nodales que cruzan nuestra apuesta democrática y en cualquiera de ellos los impactos sobre las mujeres serán mayúsculos.
Si hablamos de seguridad, las mujeres lo sabemos bien, a mayor violencia generalizada con presencia de hombres armados en las calles, mayor violencia en nuestra contra y más restricciones a nuestras libertades.
Lo hemos aprendido a lo largo de la historia, las mujeres han sido los botines de todos los hechos de violencia sociales armados. Sus cuerpos y sus vidas se convierten en premios a ganar o dañar.
Y esto tiene que ver con la construcción genérica de la masculinidad y del sistema patriarcal en los cuales la violencia es uno de los pilares, a tal grado, que no solo está legitimada, sino se han legalizado; pensemos en los crímenes de honor o los que se comenten bajo el presunto Estado de Emoción Violenta, que en ambos casos son justificaciones de la violencia masculina contra las mujeres plasmadas en las leyes.
Lamentablemente estos elementos al presidente, a sus legisladoras y legisladores les queda guango, no están pensando en las ciudadanas ni en su bien estar, sino en su propia lógica, desde la disciplina vertical partidaria, que es masculina.
Desde esa lógica patriarcal es que se busca hacer de la Guardia Nacional la policía militar responsable de la seguridad nacional, cobijada por un mandato constitucional. Es llevar al país a repetir una historia de la que nos aseguraron saldríamos.
Los ejércitos y fuerzas especiales de corte militar están entrenados para dominar por la fuerza, para contener por la fuerza, para estar por encima de la población en general.
Y los datos nos lo confirman.
Desde que se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019 hasta junio del presente año acumula mil 56 quejas ante la CNDH por violaciones graves a derechos humanos, como tortura y asesinato, entre ellos el de un menor de edad del estado de Oaxaca.
Las mujeres sabemos bien de qué se trata la dominación por la fuerza porque la vivimos en carne propia, por ello hay que refrescar la memoria. Especialmente de quienes tienen en sus votos la posibilidad de, si no detener la iniciativa, no ser cómplice del mandato militarista presidencial.
En 2012 con seis años del ejército en las calles, las mujeres indígenas presentaron ante el Comité de Expertas de la Convención Contra toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), un reporte de los efectos para ellas de la militarización del territorio nacional.
En aquella ocasión estaba desde el movimiento de mujeres algunas que son hoy legisladoras y funcionarias públicas del gobierno federal y que tendría que dar esta reflexión en los espacios legislativos y de gobierno que ocupan, como los dieron cuando estaban en el movimiento de mujeres en aras de ser consecuentes.
Qué dijeron las mujeres indígenas entonces, la presencia de militares en sus comunidades y territorios, incrementa de violaciones sexuales en niñas y mujeres, aumenta la prostitución o surge en zonas donde no existía, se crea la esclavitud doméstica, principalmente de niñas y adolescentes obligadas a lavar, planchar, hacer de comer, limpiar los destacamentos, etc, bajo la pena de ser lastimadas en caso de negarse.
A ello se suma que su libertad de movilidad se anula. Pero no es cosa solo del pasado sino del presente.
La encuesta de este año sobre la percepción de seguridad, nos lo confirma, las mujeres nos sentimos más inseguras, especialmente en la calle y los espacios públicos, cambiamos nuestras rutinas y dejamos de salir. Los 260 cuarteles y 116 mil efectivos de la Guardia Nacional no nos han dado mayor seguridad.
Y de acuerdo con la ENDIREH de 2021 las mujeres de este país identifican como sus agresores, en los últimos 12 meses, a agentes de seguridad, policías, militares y marinos.
Quienes votan a favor de militarizar al país son responsables del incremento de la violencia en contra de las mujeres y de la ciudadanía en general, y de eso, no podemos olvidarnos.
