La Secretaría de Contraloría de Hidalgo pondrá en marcha el programa “Evolución Patrimonial” para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito entre los servidores públicos de la anterior y la actual administración estatal, informó Álvaro Bardales Ramírez, titular de dicha dependencia.
En entrevista, el contralor estatal señaló que, al inicio del gobierno de Julio Menchaca, se abrieron las declaraciones patrimoniales, tal y como lo mandata la ley, ya que en la anterior administración estatal dicha información estaba reservada.
“Se les hizo fácil reservar todo, incumpliendo con todas las leyes. Cuando nosotros iniciamos, lo primero que hicimos fue abrir las declaraciones patrimoniales, hoy podemos consultar la información del presidente de la República, la de nosotros, cómo íbamos a reservar la de los anteriores (funcionarios), las tenemos públicas”, refirió.
Como segundo paso para evitar actos de corrupción, dijo, se implementará en dos semanas, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, el programa “Evolución Patrimonial”, el cual está vinculado a la plataforma Declaranet y realizará un cruce de la información de cada funcionario y determinará si el crecimiento de su patrimonio es acorde a los ingresos obtenidos durante su función pública.
En ese sentido, Bardales destacó la importancia del programa, ya que sin este sería “imposible” tener los resultados pues se tendría que analizar la situación de manera individual de 112 mil servidores públicos del gobierno estatal y organismos descentralizados; además, indicó que se centrarán en revisar a detalle la información de las y los funcionarios de nivel 10 en adelante, aquellos burócratas de confianza.
“Todos los servidores públicos que muestren una evolución patrimonial que no tenga una justificación los tendremos que mandar a llamar”, sentenció el secretario estatal al aclarar que habrá faltas administrativas contra quienes no presenten su declaración patrimonial, pero en caso de detectar alguna situación irregular en la declaración, existe la posibilidad de que la Contraloría inicie otro tipo de procedimientos, como penales.
