Por: Bruno Adrián Baltazar García
El examen de lo que acontece en la relación entre el titular del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se insertan en una trascendencia que va más allá de las descalificaciones y nos obliga a buscar comprender la relevancia que existe sobre los principios que sustentan la configuración de un Estado moderno y la separación de poderes, como principios políticos que abonan en la construcción de la democracia. Este debate impulsa el análisis vinculado a las responsabilidades y posibilidades del presidente, en tanto titular del ejecutivo, y el ejercicio de una influencia determinante en la independencia judicial y las implicaciones sociales que de ello se derivan.
Cada proceso electoral y sus resultados reflejan el sentir, o el deseo de no sentir, de la población. No existen caminos hechos ni es posible caminar más por las rutas conocidas dados los resultados obtenidos. Son siglos de historia de la humanidad los que develan, de forma casi obvia, que toda esta cuarta transformación en realidad fue sembrada tiempo atrás.
Desde la antigüedad existen registros de cuestionamientos respecto a la importancia que implican las diversas formas de organización para delimitar el ejercicio del poder. Para los fines de este escrito, la reflexión central de la relación existente entre política y bienestar social, inició con Montesquieu, quien propuso la teoría de la separación de poderes como un medio para prevenir el abuso de cargos y nombramientos que de ellos surgieran, para asegurar la protección de los derechos individuales. Es gracias a la visión de este filósofo que se impuso la noción de que los poderes del Estado deben estar divididos en tres ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada una de éstas tiene funciones específicas, y actúa como contrapeso para evitar la concentración excesiva en un solo órgano.
La historia de la democracia mexicana es un ejemplo mundial de cómo, a través de los ideales políticos se construyen hegemonías culturales como si fuera condición intrínseca del poder. Antonio Gramsci lo definió como el dominio de un líder o un grupo político sobre las ideas, los valores y las normas que rigen una sociedad y es la participación social el principal freno opositor en contra de aquellas acciones gestadas que vayan en menoscabo de la vida institucional y el avance democrático.
Es necesario prestar atención a los intentos de manipulación e intentar mantener una postura crítica y consciente. Reconocer la influencia de la hegemonía cultural, así como buscar fuentes de información diversas y plurales, son estrategias importantes para contrarrestar la concentración de poder y promover un sistema político verdaderamente democrático y participativo.
En su obra “El Contrato Social”, Rousseau planteó la idea de la voluntad general como el fundamento legítimo de la autoridad política y la toma de decisiones en una sociedad. Según Rousseau, la voluntad general representa la decisión colectiva de todos los miembros de la sociedad y debe ser el principio rector en la formulación de leyes y políticas públicas y, por ende, señala claramente los riesgos de crear desequilibrios en el sistema de división de poderes y socavar la independencia judicial. Esto puede, o no, resultar en la erosión de los derechos y las libertades individuales.
La noción de voluntad general, plantea la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. La sociedad, a través de sus diversos actores y organizaciones, debe ser verdaderamente involucrada, estudiada y escuchada; este será el único mecanismo para garantizar que las políticas públicas reflejen verdaderamente los intereses y las necesidades de la sociedad.
Ejercer una influencia indebida sobre la Suprema Corte de Justicia, pone en riesgo la garantía de derechos y la protección de las minorías y los sectores más vulnerables. La independencia judicial es un pilar fundamental para el equilibrio de poderes y el avance en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Los recientes hechos y las descalificaciones entre el ejecutivo y el judicial deben ser vistos desde la influencia significativa en la independencia de este último, su injerencia puede ser en menoscabo de los derechos y garantías individuales. Debemos estar atentos y pugnar por una autonomía y el correcto equilibrio de poderes. La participación ciudadana informada y crítica es esencial para salvaguardar la justicia y la equidad en el sistema político mexicano.
Es tiempo de debatir, el análisis de lo público debe transitar de la crítica a la propuesta. La democracia y la participación ciudadana requieren tomar posición. La llamada Cuarta Transformación, ha abierto la puerta y hoy, como desde hace mucho tiempo no se había visto, la diversidad de ideas, el cuestionamiento a lo que parecía inamovible, el abordaje sobre la división de poderes y la configuración del Estado mexicano, toman toda la relevancia frente a una sociedad abierta al cambio y deseosa de una genuina transformación.
