El poder es un afrodisíaco tan potente que es capaz de enceguecer a grupos sociales enteros. Y muchas veces no es un espejismo, sino nace de datos reales, un caso es El Salvador.
En el país centroamericano acaba de reelegirse su presidente Nayib Bukele gracias a una interpretación amplia de la Constitución de esa nación, pero sobre todo por haber aplicado la mano dura contra un azote cuyas consecuencias han alcanzado inclusive a Estados Unidos y países europeos con vínculos con este lado del Atlántico.
Y si en materia presidencial fue reelecto con el 85 por ciento de los votos válidos, en el Congreso Nuevas Ideas, su partido, reclama la victoria en 58 de 60 posiciones, con lo que simple y sencillamente, podrá hacer lo que quiera.
Pero no hay que ver hacia los comicios del pasado domingo cuatro para entender esas cifras, sino a décadas atrás donde fue que se originaron.
El Salvador fue uno de los países que vivió a fines del siglo pasado una dura época de violencia con enfrentamientos con la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que, tras el proceso de pacificación, gobernó desde 2009 hasta 2019; sin embargo, no es posible afirmar que sus banderas originales guiaron sus tareas gubernativas.
El gobierno del Frente cerró el ciclo que había iniciado en 1989 la Alianza Nacionalista Republicana (ARENA), pero ninguna de ambas organizaciones pudo sacar al país centroamericano de una nueva ola de violencia, en esta ocasión, la generada por pandillas (maras) y que alimentó el éxodo de migrantes hacia el norte generado por las deficientes condiciones de vida.
Con todo, el problema que tanto dentro como fuera de sus fronteras destacaba y con mucho, era la violencia de las pandillas, a las que Bukele atacó de frente.
Con una población de 6.3 millones de personas, el gobierno de Bukele se estima ha enviado a prisión a alrededor de 70 mil presuntos pandilleros, el 1.11 de sus habitantes, como si en México un mandatario encarcelara durante su gestión a casi 1.4 millón de personas.
Esas cifras deben precisarse. Ahora El Salvador ha visto caer sus tasas de homicidios a mínimos que no se veían en décadas, pero también se han elevado las quejas en materia de derechos humanos a números también pocas vistos antes, salvo la época de la guerra fraterna el siglo pasado.
Los reportes de prensa previos a la jornada del pasado domingo son claros: muchas personas aceptaban que hasta familiares sin relación conocida con alguna pandilla habían sido encarcelados sin mayor proceso judicial, pero afirmaban que votarían por la reelección de Bukele. Y por las cifras que se han conocido, así fue.
De acuerdo al Statista Research Department, en octubre pasado el reelecto mandatario tenía una aceptación de 90 por ciento. Quince puntos atrás le seguía el mexicano Andrés Manuel López Obrador y luego Rodrigo Chaves, de Costa Rica con 71 puntos.
El emblema del triunfo electoral bien podría ser el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), capaz de albergar hasta a 40 mil personas bajo estrictas medidas de seguridad y disciplinarias.
¿Hay alguna moraleja? Los datos se encuentran ahí y parecen dibujar un resultado cruel: la gente quiere resultados, y uno de los principales problemas, quizá el número uno, a los que espera solución es el de la violencia, sobre todo cuando llega a niveles de generalización y atrocidad como los que se vivían en El Salvador.
Ahora Bukele parece tener las condiciones para otros proyectos de desarrollo como el turismo, y ya el año pasado el país centroamericano se presumió como la quinta nación en que más habían crecido las llegadas de turistas internacionales.
¿Funcionará la fórmula de poner primero el orden deteniendo la violencia y luego impulsar el desarrollo? ¿Durará la nueva tranquilidad? ¿Ese desarrollo será justo o dejará a la población local solo como servidora de los visitantes? Esas y otras preguntas son las que deberá responder Bukele en su nueva gestión.
