Por Christian Falcón Olguín

El libro autobiográfico de Benito Pablo Juárez García, “Apuntes para mis hijos”, relata una serie de percepciones de carácter social y político de la época, al igual que pasajes de su vida que muestran el carácter, visión e ideología del quien es definido por la historia como uno de los grandes estadistas en el mundo.

En el texto, el Presidente de México describe claramente fragmentos que reflejan la infancia que tuvo en Guelatao, los estudios que cursó en el Colegio Seminario, la cátedra que impartió dentro del Instituto de Ciencias y Artes, el encuentro de su vocación por la abogacía y el desarrollo de su vida familiar con Margarita Maza; por supuesto, que no deja de lado su paso por los cargos públicos que asumió en la capital oaxaqueña, tales como regidor municipal, diputado local, juez de la Corte de Justicia, fiscal del Tribunal de Justicia estatal y gobernador.

De igual forma entre sus capítulos, destaca la corrupción inmersa en los fueros militares, religiosos y tribunales comunes, mencionando las injusticias colmadas de desigualdad jurídica, al tiempo que manifestaba su responsable crítica cívica hacia quienes gobernaban el país, cuya irresponsabilidad e intereses propiciaban permanentes convulsiones políticas y militares de una joven, pero inestable nación independiente.

La narrativa del libro se refiere aquella madrugada del 17 de diciembre de 1818, en la que el niño Benito salió de su natal Guelatao hacia la ciudad de Oaxaca en busca de mejores oportunidades de educación y conocimiento del castellano que le permitiera alcanzar una vida digna, contrario a las enseñanzas de las clases de primaria que nos dictaban que la razón fundamental había sido escapar por el temor de haber perdido un borrego mientras pastoreaba cerca de La Laguna Encantada.

Al llegar a Oaxaca, Benito Pablo se estableció con su hermana María Josefa que trabajaba como cocinera en la casa de Antonio Maza, padre de su futura esposa Margarita; y fue por esa época que conoció a su padrino el Padre Antonio Salanueva, clérigo laico de la Orden Tercera de San Francisco. Fue el propio Juárez quien definió al Padre Antonio como un amigo de la educación de la juventud, ya que le formó en la instrucción eclesiástica y le motivó a que el 18 de octubre de 1821 ingresara al Seminario de Oaxaca, donde estudió y acreditó con excelencia de notas asignaturas como Gramática Castellana, y Latina, Teología, entre otras.

La juventud de Benito Juárez estuvo marcada, como lo describe, bajo una crítica social a detalle, derivada por la desigualdad de los ciudadanos de la época ante la ley, mientras que los militares y clérigos eran juzgados con discrecionalidad por la relevancia de sus fueros representativos que les otorgaba protección dentro de sus tribunales especiales, lo cual, permitía impunidad y abuso de autoridad hacia los oaxaqueños.

Desde las líneas del libro se pueden vislumbrar las nociones sociales que después serían parte de su ideario y que, en conjunto con otras mentes liberales conformaría Las Leyes de Reforma, algunas, incluso, hasta la fecha le definen como un personaje no religioso, lo cual es una concepción distorsionada; ya que él se definía como anticlerical, pues se oponía a los clérigos que abusaban de su fuero sacerdotal para lucrar por sus servicios sacramentales, describiéndoles como “Curas de Misa o Larragos”, señalando que carecían de formación y capacidad para ejercer su vocación pastoral de atención espiritual hacia sus feligreses, sin embargo, también destacó a la minoría de sacerdotes que ejercían su vocación de forma ejemplar.

Por ello es que, en 1855, como integrante del gobierno del presidente Ignacio Comonfort, el ministro Benito Juárez impulsa la Ley de Administración de Justicia motivado por el entusiasmo progresista de la época e intenta poner el piso parejo ante la ley a todos los estratos sociales, sin dejar pasar, la regulación de los fueros clericales y militares que conservaban privilegios e inmunidad ante los tribunales civiles.

Con la publicación de la Ley, también pudo organizar la Guardia Nacional, mientras quitaba la tropa de las comandancias generales que estaban repletas de desleales y ambiciosos militares que desatendían las ordenes institucionales, obstaculizando, cooptando a las autoridades civiles y que, en definitiva, mostraba a los mandos castrenses como las figuras que realmente gobernaban las entidades del pfís.

Ahora que se celebra el 218 aniversario del natalicio del “Benemérito de las américas”, es relevante reflexionar sobre el Fuero Constitucional y su equidad ante la ley, comprendiendo que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, su raíz latina le proviene de Fórum, que significa “Foro” o “Plaza Pública”, es decir, que es la tribuna o plaza donde se tratan asuntos públicos.

El fuero es una facultad de protección que tuvo su origen en la edad media desde las cortes reales inglesas y españolas, en el caso de México, se tiene referencia desde la época independentista, pasando por la constitución de 1957 y hasta la vigente carta magna de 1917, este derecho se sigue conservando para que los integrantes del congreso, diputados y senadores, no sean reconvenidos y procesados por sus opiniones, sin embargo, en la actualidad la ciudadanía le percibe como un instrumento de impunidad.

El fuero, como instrumento jurídico que se encuentra establecido en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite obtener inmunidad a los integrantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para fortalecer el equilibro entre las 3 esferas de poder; evitando ser perseguidos o encarcelados por sus posturas políticas, legislativas o jurídicas y, por la libertad de expresión.

La anulación del fuero puede ser efectuada a través de un “Juicio de Declaración de Procedencia” determinado en el artículo 111 constitucional y desarrollado por el Congreso de la Unión, el cual define la posibilidad del desafuero y procesamiento penal ante un escenario de afectación del patrimonial al erario público o peculado, además de, sanciones del derecho civil y administrativo, entre otros.

Por eso, ahora en 2024, se ha iniciado el proceso electoral para renovar el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, es importante reflexionar a quién se le otorga a través del voto este derecho constitucional y preguntarse: ¿Qué buscan encontrar en el fuero? ¿Será para conservar sus beneficios económicos, posiciones partidistas e inmunidad? Ojalá que sea para levantar la voz sin censura y proponer iniciativas de ley y gestión de recursos en beneficio de las causas dignas de la nación, de su estado, de los municipios que integran su distrito.

Finalmente, el apotegma juarista, “El respeto al derecho ajeno es la paz” invita a pensar el efecto y el respeto que produce la voz de tu voto, que solo bajo la luz de la libertad de conciencia y responsabilidad cívica permitan concebir la construcción de una sociedad más equitativa, alejada de las miserias del pueblo, con representantes que tengan una legitima voz y causa propia.