Juan Manuel Batres Campos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Hidalgo, señaló que “incluir delitos como la defraudación fiscal en el catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa y aplicar la norma a literalidad limita la capacidad de defensa y la evaluación del caso por parte del juez”.
Lo anterior ante la aprobación, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa.
“Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión y se incorporó una reserva para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas”.
Externó su preocupación por dicho tema y su impacto, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.
“Consideramos que la ampliación del catálogo de delitos sujetos a la Prisión Preventiva Oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos y la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo” comentó.
Además restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas.
Hizo un llamado a que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier estado democrático.
