Los integrantes de la 66 Legislatura local aprobaron el dictamen que reforma un artículo a la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos para el Estado, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la continuidad administrativa durante los cambios de gobierno.
El diputado Juan Pablo Escalante Urban explicó que durante el proceso de entrega-recepción de gobierno, municipios y organismos, las y los servidores públicos que concluyan su cargo deberán incorporar datos detallados sobre programas, planes, estudios y proyectos que se encuentren en ejecución, así como sus avances e indicadores correspondientes.
La reforma establece que de manera obligatoria, deberán incluir informes y observaciones derivadas de auditorías que aún se encuentren en proceso de solventación, debidamente clasificadas por los entes fiscalizadores, así como expedientes relacionados con asuntos legales, incluidos procedimientos de investigación por responsabilidades administrativas iniciados por los órganos internos de control.
Escalante Urban señaló que, con el propósito de que las administraciones entrantes cuenten con un panorama completo de los asuntos pendientes, los funcionarios tendrán la obligación de transferir información sobre recursos materiales, obras públicas en proceso y recursos informáticos.
El legislador aseveró que el marco normativo vigente resulta insuficiente para conocer el estado real de los proyectos en curso, así como para dar seguimiento a las observaciones de auditoría, por lo que consideraron necesario fortalecer dichos mecanismos.
El diputado morenista precisó que se busca consolidar un marco jurídico más estricto en materia de entrega de bienes, documentos, recursos informáticos y asuntos administrativos, fortaleciendo la rendición de cuentas en la administración pública.
De acuerdo con el proyecto, el mecanismo legal tiene un alcance integral en los municipios y organismos del estado, así como en los tres poderes, ayuntamientos, entidades paraestatales y paramunicipales.
