*Dra. Berenice Alfaro Ponce
El reconocimiento de la protección de todos los seres humanos se estableció con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948. Si bien desde ese primer momento se reconocía la igualdad de hombres y mujeres y esto incluía a niñas y niños, no estuvo de más que en el año 1959 se estableciera la Declaración de los Derechos del Niño, la cual hace hincapié en la importancia que tienen los cuidados de las niñas y niños en su desarrollo en diversos ámbitos físico, social y emocional; asimismo, el protegerles de cualquier tipo de violencia.
La legislación se ha nutrido gracias a las diversas declaraciones y convenciones que se han emitido desde 1959 a la fecha y que han tenido como objetivo el poder complementar los temas de los Derechos de la Infancia.
En el caso de México, la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se hizo en el año 2014, y casi de manera inmediata los estados que componen al país armonizaron su legislación estatal. De manera particular, tanto la ley general como la estatal busca de forma primordial una vida libre de violencia, y en este sentido los gobiernos se comprometen a desarrollar las acciones necesarias para poder prevenir y en su caso sancionar cualquier forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.
De forma histórica, la percepción de este sector de la población no se concibe como de ciudadanos, en este sentido son simplemente menores de edad que están al cuidado de los padres y madres o de familiares o tutores, esta forma de representación, sin duda los ha excluido de diversas formas de participación social y los mantiene marginados en una condición de propiedad. Sumado a esto, la escalada de la violencia que vivió el país, a partir de la lucha contra el narcotráfico, nos dejó ver la incorporación de niñas y niños afectados por las actividades ilícitas, esto por diversas razones que van desde el problema de la desintegración del núcleo familiar, la falta de cohesión social, entre muchas otras; mismas que de alguna forma u otra caen en el incumplimiento de los derechos de esta población y son reflejo viviente del fracaso de las diversas políticas que buscan cuidar sus derechos.
A pesar de que se han establecido los medios y mecanismos para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en México, tanto los pasados, así como los recientes hechos de violencia a este sector de la población, me ha llevado a poner sobre la mesa la discusión sobre las responsabilidades de los gobiernos en torno a los derechos de la infancia, los tipos de violencia y particularmente sobre los sistemas de información que nos permita tener datos más precisos sobre la violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes en México.
La Unicef, a través de su informe “Panorama estadístico de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en México”, publicado en el año 2019, determinó que si bien existen diversas fuentes de información estadística que permiten tener datos para el análisis de este tema, estas no están enfocadas específicamente para medir la violencia ejercida contra niñas y niños en el país; esto de alguna forma u otra nos indica el poco interés de tener un sistema de información que permita dar seguimiento y de esta forma tener datos más precisos sobre este problema.
Lo anterior nos indica la necesidad que hay de tener información más precisa que, por un lado, permita a los gobiernos no solo enfocarse en el sancionar, sino que de forma particular se pueda discutir el tema de prevención de la violencia como una primera opción.
Para cualquier gobierno que tenga interés de asumir su responsabilidad, es claro que no solo es importante poner los mecanismos necesarios para la protección de esta población, no basta con tener una oficina específica que sea la responsable de dirigir acciones y políticas para la prevención de la violencia y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; si no que también es fundamental que se tenga sistematizada información clara, precisa y actualizada sobre la violencia que sufre este sector, con el objetivo particular de que las políticas que se emitan sean precisas y contundentes y que asimismo dichos temas se discutan siempre con una perspectiva de derechos humanos.
Investigadora Honorífica de la CDHEH
