Por: Alejandro Moreno
Nuestra Constitución en su artículo 6º reconoce el derecho humano a la información, que implica que cualquier persona pueda difundir información que tenga en su poder y que resulte de interés público, busque la información que requiera y pueda solicitarla a los entes gubernamentales y privados que ejerzan recursos públicos, y que todos podamos informarnos por el medio y fuente que mejor nos parezca.
Es decir, el derecho a la información es un derecho madre que da lugar al ejercicio de otros derechos, sin los cuales no sería posible vivir en un régimen democrático, de rendición de cuentas y de transparencia. De ese nivel es su importancia, así como de las instituciones públicas encargadas de velar por su respeto, promoción y garantía.
De ahí la relevancia de la decisión tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la controversia constitucional que entabló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo Federal el 22 de noviembre de 2021, en el que ordenó a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal declarar de seguridad nacional toda la información relativa a proyectos y obras a cargo del gobierno de México y con ello, no fuera de conocimiento público, así como facilitar las autorizaciones, permisos y licencias que se requirieran para su ejecución.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 4, establece que la información generada por los sujetos obligados sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.
Contrariamente, a través de ese acuerdo se pretendió realizar una reserva anticipada, indiscriminada y generalizada de información relativa a proyectos, violentando con ello el derecho de la sociedad a saber.
La determinación de la SCJN fortalece el estado de derecho en nuestro país y reitera a los gobernantes que la reserva de información no es a capricho ni conveniencia, sino una excepción, porque la ciudadanía tiene el derecho a saber qué se hace con los recursos públicos, a qué costo y en qué condiciones.
Podrá intentarse muchas veces transgredir la Constitución, pero la SCJN permanecerá incólume para hacerla respetar.
Por tales razones, reitero el respeto, acatamiento y apoyo del PRI a las y los ministros de la SCJN ante la campaña de acoso e intimidación que desde el poder se ha desatado en su contra, expresando mi confianza que el respeto a la ley será el pilar que permita al pueblo de México salir avante de esta difícil etapa de su historia.
*Presidente Nacional del PRI.
