Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción fueron temas abordados por el secretario de la Contraloría del estado, Álvaro Bardales Ramírez, al comparecer ante los diputados de la 66 Legislatura local, como parte del análisis del tercer informe del gobernador Julio Menchaca.
Bardales Ramírez reconoció a las 400 personas que trabajan dentro de la Contraloría y destacó el impulso de la construcción de los edificios tecnológicos de la dependencia, en los que colaboran junto con el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el Instituto de Transparencia y el Laboratorio de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
Investigación del Maxiproceso
El funcionario estatal dijo que la dependencia tiene 2 mil 400 millones de pesos denunciados derivados del desvío de recursos, de los cuales se han recuperado 500 millones. Señaló que hay 25 personas responsables, 95 denuncias penales y diez alcaldes involucrados, cinco de ellos detenidos: “en tres años se revirtió casi lo que no se había hecho en un siglo de impunidad”.
Revisión de obra pública prioritaria
El contralor destacó que se revisaron proyectos de alto costo con baja funcionalidad, como el Puente Atirantado y el Nuevo Hospital General de Pachuca. De la primera obra señaló que ya se ingresó una denuncia que se encuentra en análisis en la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, además indicó que no se detectaron observaciones físicas ni documentales.
En el caso del Nuevo Hospital General de Pachuca, expuso que se invirtieron mil millones de pesos y aún faltan 900 millones para su finalización. Dijo que están a la espera que el IMSS-Bienestar lo administre e inicien los procedimientos de responsabilidades.
Empresas proveedoras de servicios
Refirió que fue depurado el padrón de proveedores del estado, el cual históricamente “estaba plagado de privilegios”, por lo que 98 registros fueron cancelados por cinco años ante presuntas irregularidades, además de que mil 200 proveedores han sido dados de baja por incumplimiento.
Indicó que se creó la oficina virtual de registro de proveedores y contratistas, se transparentó el proceso de eliminación de proveedores consentidos y se privilegió a empresas locales que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).
Además destacó que se dieron de baja 571 empresas constructoras por incumplimiento o abandono y se blindó el sistema para evitar que los sancionados regresen con otros nombres.
Cifras de obras públicas
Dijo que al llegar a la administración, la Contraloría recibió 10 mil obras públicas con irregularidades. Atribuyó este rezago a que la entidad no contaba con un laboratorio de control de calidad y que cada revisión costaba 25 mil pesos, lo que provocó acumulación de expedientes en materia de actas de entrega–recepción.
Aviadores y duplicidad de plazas de funcionarios municipales
Reveló que se detectaron 700 servidores públicos sin dictamen de compatibilidad para desempeñar sus funciones, por lo que se aplicaron revisiones sin distingo de partidos o sindicatos. Se detectaron casos como el de una regidora que percibía 160 mil pesos mensuales. Este trabajo se realizó mediante supervisión de nóminas, detección de aviadores y dictámenes de compatibilidad.
Responde el contralor a dudas de legisladores
En relación con la pregunta del diputado de Morena, Juan Pablo Escalante, respecto al Maxiproceso, dijo que el excontralor César “N” se presentará ante autoridades estadounidenses a finales de enero y que cuenta con una ficha roja emitida por Interpol. Expuso que cuando fue detenido en Miami, obtuvo un «habeas corpus», recurso legal que le permite permanecer en libertad temporal.
Dijo que en la entidad existen al menos tres órdenes de aprehensión vigentes, las cuales siguen su proceso, y que tampoco se ha perdido el derecho de que el exfuncionario rinda cuentas: “quien traiciona al pueblo está obligado a llamar cuentas”.
Aclaró que en Hidalgo la justicia se hace con pruebas y evidencias directas que puedan sostenerse en los tribunales para evitar caer en amparos, sin embargo expuso que los detenidos e implicados en la estafa siniestra no han presentado denuncias contra el exmandatario estatal: “sin vínculo directo, si no denuncian a sus superiores, los casos se van a caer en los tribunales, porque la responsabilidad penal no se presume, se demuestra; nadie está blindado, no tenemos ningún pacto”.
Los legisladores del Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), Mónica Leanett Reyes, José María Pérez y Jorge Argüelles Salazar, se enfocaron en cuestionar la duplicidad de cargos de docentes que son ediles. El contralor aclaró que de los 700 servidores públicos revisados, ninguno solicitó el dictamen de compatibilidad, pese a tener la obligación de hacerlo, lo que representa un impacto de 500 millones de pesos anuales al gobierno estatal.
El titular de la dependencia señaló que al ejecutar investigaciones mediante auditores en centros educativos y presidencias municipales para revisar el desempeño laboral, se encontraron diversas irregularidades.
Cabe recordar que, hace unos meses, fueron identificadas 130 personas que se desempeñaban como síndicos y regidores y que también cobraban como docentes, mientras que otras 500 se desempeñaban como trabajadores de ayuntamientos y trabajaban para otras áreas de la Secretaría de Educación Pública (SEPH).
