Diputados locales avisaran que para el 19 de julio no quedará listo la integración del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, pues las organizaciones civiles y académicos tendrán en sus manos esta responsabilidad y en consecuencia fijarán sus tiempos.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción en el Congreso local, Francisco Rodríguez Álvarez explicó que los integrantes del Comité seleccionador que serán elegidos por los diputados han solicitado una ampliación de 15 días para que se concluya este proceso para garantizar una mayor transparencia y eficiencia en su tarea.

Además aseguró que las reformas del Sistema Estatal Anticorrupción que era competencia del Legislativo ya están casi concluidas y habrán de cumplir en tiempo y forma, lo que significa que para el 19 de julio estará todo el marco jurídico actualizado.

Refirió que el que haya un atraso no significa que que se esté violando la ley federal, debido a que Puebla está dentro de los estados más avanzados en materia Anticorrupción y aún faltan 13 que ni reformas constitucionales tienen.

«Entiendo que la fecha que marca la ley federal para que esté funcionando todo el SEA es el 19 de julio, sin embargo habrá una demora en la conformación del Consejo Estatal Ciudadano Anticorrupción pero no es nada grave», subrayó.

Abundó «.. yo he visto el ánimo de todas las organizaciones de que se haga con los tiempos suficientes, con tranquilidad, con transparencia y no se aprieten los plazos, pues existe un gran interés de que Puebla sea punta de lanza y ejemplo nacional en el combate de la corrupción».

Rodríguez Álvarez, explicó que este SEA es algo nuevo por lo que recordó que es un proceso de adaptación por lo que no afecta en nada que haya un retraso en la conformación del Comité Seleccionador y del Consejo Ciudadano.

Por último, dejó en claro que más haya de ver si se extenderá el proceso o no, lo relevante es qué hay voluntad política de todos los actores porque se haga de la mejor manera y garantice el cumplimiento de los objetivos de combatir la corrupción e impunidad.

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