El vicepresidente de Empresarios Inmobiliarios de Puebla (EMIP), Cesar Bonilla Yúnes, estimó que el gran boom inmobiliario no está involucrado al lavado de dinero, sino a la salida de gente de otras entidades para escapar de la inseguridad pública.
Explicó que con base en la Ley de Extinción de Dominio se dificultó que la gente que se dedica a asuntos relacionados con el crimen pueda realizar operaciones inmobiliarias sin ser fiscalizados.
Por ejemplo el adelanto de rentas en seis meses, la detección de actitudes sospechosas o movimientos extraños ya son notificados a la Procuraduría General de la República, mientras que la compra venta de monto de 550 mil pesos son notificadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalló.
Bonilla Yúnes consideró que la legislación en torno al blanqueo de dinero y el control de operaciones inmobiliarias permitió que ese sector ya no sea vulnerable al lavado de dinero.
El control de operaciones inmobiliarias al margen de la ley refleja controles importantes con la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, que sumó 64 acciones de las cuales solo un juicio de extinción de dominio se ha resuelto a nivel país.
Así, entre 2009 y 2015 se requisitaron 61 bienes, 46 inmuebles y dos automotores, abundó.
