El gobierno mexicano siempre ha escuchado comunicaciones telefónicas privadas. Lo nuevo consiste en cómo lo hace y en para qué usa el producto de sus ilegales intromisiones. También es novedad que ahora no sólo oye sino también lee las comunicaciones, como en los muy viejos tiempos en que la correspondencia aún no era libre e inviolable.
El gran problema que tiene hoy México es que no hay, ni se quiere que haya, el menor control sobre esa actividad. El gobierno ha dicho que no sabe nada de nada, pero no se le ha solicitado un informe oficial sobre las interferencias «legales», quiénes las hacen y con qué propósitos generales. Dicen que todo es secreto de «seguridad nacional», lo cual es una mentira, pero muchos medios y casi todos los partidos se la han creído.
Si en México existiera un verdadero Congreso, el gobierno tendría que informar lo que hace y cómo lo hace, en esta materia y en muchas otras. Lo que es secreto es lo que se oye o lo que se lee, excepto cuando el secretario de Gobernación decide filtrarlo a la prensa: lo secreto se convierte en público, pero el gobierno vuelve a negar su autoría.
En realidad, un gobierno que actúa de esa manera es de carácter delincuencial, pero eso no es visto así, sino que, por lo regular, se acepta que cualquier gobierno necesita conocer las comunicaciones de los adversarios, por un lado, y de los delincuentes organizados, por el otro. Pero se revuelven ambos planos de tal manera que el espía se puede meter con cualquiera.
Aun a los «malos» hay que espiarlos mediante órdenes judiciales, pero tampoco se conoce la estadística al respecto, la cual no tendría que ser secreta.
Las golondrinas en el alambre oyen o leen también a Enrique Peña Nieto, según él mismo ha dicho, aunque no aclaró que se trata de la NSA estadunidense. Sin embargo, tal afirmación del presidente fue para dar a entender que las intervenciones de teléfonos celulares y correos electrónicos son realizadas por personas enteramente desconocidas y, más aún, por cualquiera que se proponga hacerlo para el propósito que fuera. Esta es otra gran mentira de las golondrinas en el alambre, pero admitida por algún columnista que tilda de ingenuos a quienes niegan que pueda haber consorcio de espionaje ilegal fuera del gobierno. Ése, sin embargo, no ha sido ingenuo al tragarse la especie oficial, ni le hizo daño, sino todo lo contrario.
Los sistemas de interferencia de comunicaciones privadas tienen un costo. El poder de fiscalización lo posee el Congreso pero tampoco sabemos qué se ha comprado y cuánto se ha gastado porque se encuentra bajo secreto –»reservado», se dice–, lo que evidentemente es una mentira más de las aludidas golondrinas. Ninguna partida secreta ha sido aprobada por la Cámara desde hace varios años y, aunque la hubiera, el secreto no exime de dar cuenta del gasto.
La ex procuradora Arely Gómez dijo que la PGR compró equipo de interferencia, caro por bueno. La Secretaría de la Defensa ha dicho que también compró pero no le gustó el servicio del contratista. El CISEN no ha dicho nada, pero se filtra que sí, que lo tiene. Se añade que todo, sin embargo, ha sido enteramente legal. Las mentiras de las golondrinas llegan a su culminación.
Hay uno que otro periodista y director por añadidura, de esos que siempre están con el gobierno y la chota porque les pasan filtraciones de origen ilegal, que ha dicho que no hay motivo para no creerle a los funcionarios, de tal manera que las personas que quieren saber lo «secreto» del tinglado nomás están mal: prohibido inquirir, prohibido saber. Siempre ha habido periódicos así. Espero que en un lejano futuro no haya golondrinas ni redactores que les acompañen.
