La senadora del PAN, Patricia Leal Islas afirmó que no hay persecución política contra el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez, que el embargo de bienes obedece a un proceso sancionador al que se hizo acreedor por no clarificar la aplicación de recursos públicos en 2013.
En entrevista tras asistir a un evento de la Universidad Anáhuac, la panista sostuvo que cuando ella presidió la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado (ASE) en el Congreso local, llevó a cabo un proceso impecable en donde los sujetos obligados tuvieron diferentes etapas para aclarar la aplicación de sus recursos.
Asimismo, dijo que la ley no debe conocer ni de colores ni de partidos, por lo que Rivera Pérez tuvo «oportunidades» para demostrar que se manejaron adecuadamente los recursos públicos del ejercicio fiscal 2013 como alcalde de Puebla y evitar que fuera sancionado por 25.5 millones de pesos e inhabilitado por 12 años, pero no lo hizo, prefirió acudir a tribunales.
Asimismo, Leal Islas mencionó que el consejero jurídico del gobierno de Puebla recientemente le comentó que la sentencia del amparo –para evitar que aparezca en el registro nacional y estatal de servidores públicos sancionados- no lo exime de seguir inhabilitado.
Abundó, que la posición y acción que está asumiendo el ex munícipe capitalino es respetada aunque no la comparte, sobre todo porque acusa que es un perseguido político, cuando esto es un tema de números y de rendición de cuantas.
Finalmente, al preguntarle sobre la posibilidad de que Rivera Pérez sea el candidato del PAN a la gubernatura de Puebla en 2018, señaló que no son los tiempos electorales, por lo que habrá que ver quién será el candidato presidencial para saber a quien apoyará.
Sobre el mismo tema, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui aseguró que el embargo al-que fue sujeto Rivera Perez es legal.
También coincidió con su ex compañera de curul, Patricia Leal en el sentido de que este proceso que enfrenta el ex edil panista es resultado de no haber «solventado» las observaciones que hizo la Auditoria Superior del Estado (ASE) en su cuenta pública 2013.
Por último, Aguilar Chedraui opinó que en este caso, resulta ilógico que desde el Congreso local se esté impulsando el Sistema Estatal Anticurrupción en el cual se pide transparencia, mientras que por otro lado no se le exija a Rivera Pérez «rinda cuentas».
