Gran flagelo social es la corrupción en nuestro país, mismo que se ha construido paulatinamente y que al paso de los años se ha tejido de tal forma que parece una gran bola de estambre enmarañada donde no se le encuentra punta o forma.
Resulta complejo luchar contra ello porque en su andamiaje existen intereses creados y dependencias entre los actores. La falta de una cultura cívica fuerte y la ausencia de valores como la honestidad, ha permitido que en todos los ámbitos de nuestra sociedad se den prácticas de corrupción; dese el joven que soborna a los profesores en la escuela para obtener una calificación aprobatoria o el policía vial que “apoya” al ciudadano que cometió una falta al reglamento de tránsito pidiendo dinero, hasta los grandes desfalcos financieros que realiza la clase gobernante del país.
Respecto del primer ejemplo es claro que se debe trabajar de manera conjunta con diversos actores de la sociedad para difundir valores democráticos que permitan una vida armónica y de respeto, iniciando con la transmisión de ellos en casa y reforzarlos durante los diversos niveles de estudio a los que tiene acceso la población; es una meta difícil pero no imposible, la suma de pequeñas acciones individuales puede generar grandes movimientos colectivos. El segundo ejemplo es el que recae en las instituciones públicas, en aquella estructura que se implementa para administrar los recursos y satisfacer las demandas de la población, para controlar su actuación, es decir, para gobernar.
Elementos centrales de las democracias representativas contemporáneas son la rendición de cuentas y la transparencia, entendiendo esta última como “una característica que abre la información de las organizaciones públicas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistema de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno”.
México ha consolidado avances paulatinos, trascendentales y contundentes en materia de acceso a la información, que van desde 1977 hasta las recientes reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), es el más reciente de estos avances, ya que se publicó el 4 de mayo de 2015.
Esta Ley es reglamentaria del artículo 6º. de la Constitución, de orden público y de observancia general en toda la República; tiene como objetivo establecer los principios bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.
En términos coloquiales, con la transparencia se busca poner en “vitrina” el uso de los recursos públicos, donde son considerados como sujetos obligados todo aquél que haga uso de ellos. De continuar con esta tendencia tendremos un gobierno transparente, lo cual asociado a una rendición de cuentas, se logrará un gobierno que corresponda a la confianza otorgada por quienes lo eligieron.
Transparencia y rendición de cuentas son elementos indispensables para el control del abuso del poder, sin embargo, la ciudadanía también tiene la responsabilidad de mantenerse informada, participativa y exigir al gobierno que rinda cuentas de sus actos.
Al respecto, durante el mes de septiembre, el Instituto Nacional Electoral en coordinación con el Instituto Electoral del Estado realizarán la Segunda Mesa de Diálogos para la Cultura Cívica, donde diversos actores de la sociedad poblana habrán de analizar el tema de la rendición de cuentas y su impacto en el desarrollo democrático.
“Mi País me importa”
*Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Puebla
*Ugalde, Luis Carlos; Rendición de cuentas y democracia.
