En 2017 y 2018 debiera eliminarse el Impuesto Sobre Nóminas como un apoyo a las empresas, la reactivación económica y la generación de empleo tras los sismos, estimó el fiscalista German Reyna y Herrero.
Indicó que la exención debiera considerar a las empresas que han sufrido contingencias derivadas del sismo, tanto daños en inmuebles, como afectaciones en producción y la comercialización.
En paralelo, propuso eliminar los topes para los donativos que a la fecha son sólo en siete por ciento deducibles sobre el ingreso acumulable para personas físicas y siete por ciento de la utilidad fiscal para personas morales en el ejercicio inmediato anterior.
Argumentó que este sería un incentivo para que tanto empresas como particulares hagan donativos en pro de la reconstrucción en los estados afectados por los sismos, tanto en Ciudad de México y Estado de México, como Puebla, Morelos, Oaxaca y Guerrero, donde los damnificados reportan también los mayores índices de marginación y pobreza.
El también consejero de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) explicó que quienes hagan donaciones si requieren deducir sus aportaciones deben hacerlo a través de donatarias autorizadas, cuyo listado se encuentra publicado en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además si se hacen donativos hay que ser cuidadoso de no gastar más que el ingreso reportado a la autoridad fiscal para evitar incurrir en discrepancia fiscal.
También comentó que para el 2018 se ampliará de seis mil millones a los nueve mil millones de pesos los recursos del Fondo Nacional de Desastres, que en gran medida será destinado para la recuperación de inmuebles afectados por el sismo.
Por otra parte Reyna y Herrero, añadió que el presupuesto de egresos federal para 2018 los recursos disponibles para proveer bienes y servicios de la población disminuyeron del 21 al 16.9 por ciento, en tanto que aumentó el gasto en obligaciones de deuda del 2.9 por ciento, así como pensiones que pasaron del 2.9 al 3.5 por ciento del PIB.
Estimó que el próximo gobierno federal debe promover un nuevo pacto fiscal que permita promover un mayor crecimiento económico, disminuir las prácticas agresivas por el SAT y otras entidades fiscalizadoras, evitar la informalidad y estimular empresas para generar mayores recursos ante la baja de rentas petroleras para financiar el gasto corriente.
