En el estudio “Retos y Perspectivas del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género”, presentado por Pablo Navarrete Gutiérrez, Coordinador de Asuntos Jurídicos, tras una década de operar el mecanismo de alerta de violencia de género en México, Puebla aparece como el estado número 18 por número de defunciones de mujeres por medio de violencia.
El estudio del Instituto Nacional de las Mujeres, (Inmujeres) revela que Puebla no está en los estados con mayor número de defunciones femeninas con presunción de homicidio, 2015 como son: Guerrero, Chihuahua, Colima, Baja California y Baja California Sur.
De hecho, tampoco la capital está entre las 10 con mayor número de muertes presumiblemente asesinatos: Acapulco de Juárez, Guerrero; Ecatepec de Morelos, estado de México; Tijuana, B.C.; Ciudad Juárez, Chihuahua; Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Naucalpan de Juárez, en el Edomex; delegación Gustavo A. Madero, en la CdMx; y León, Guanajuato.
Al momento, la Alerta de Violencia de Género se ha emitido en 13 estados del país, que equivalen al 40.6% de las entidades federativas, cantidad que parece muy alta.
Hauy al momento 99 municipios con la alerta, que representan sólo 4% del total.
En tanto, existen procedimientos de Alerta de Violencia de Género en 27 estados, y en Veracruz hay dos.
Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó una opinión solicitando la declaración de Alerta de Violencia de Género para Puebla, pese a que no está entre las cinco de mayor incidencia, y sin embargo, en Baja California, estado entre los cinco con mayor violencia, no se ha emitido dicha llamada.
En el documento que tiene Síntesis en exclusiva, se resalta que el Instituto Nacional de las Mujeres -organismo público descentralizado del gobierno federal-, trabaja para crear una cultura de igualdad libre de violencia y discriminación capaz de proporcionar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir, tanto a hombres como mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos, así como participar igualitariamente en la vida política, cultural, económica y social del país.
