A casi año y medio de la implementación del Sistema Penal Acusatorio Adversarial en todo el país, diversos sectores se han pronunciado por reformar algunos artículos prevaleciendo el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia.
En ese sentido, el licenciado Gerardo Tejeda Foncerrada, Presidente Ejecutivo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, detalló en entrevista para Síntesis que debe tener diversas reformas y adiciones, como cualquier otra rama del derecho, por ser dinámico y cambiante en la medida de las exigencias que se requieran.
Y es que el papel de los derechos humanos en el Sistema es la función primordial, propia de un Sistema de Derecho moderno “en el que la norma jurídica tiene como destinatario a la persona humana, con atributos, derechos y una individualidad que lo hace propio, original y único”.
Agregó que el Estado existe para su población y esta se integra de individuos, que como seres humanos, dan razón a la existencia contemporánea en un mundo complejo que nos toca vivir, lo que implica sufrir altibajos para llegar a conclusiones provechosas en beneficio de todos.
“Es un nuevo paradigma que nos toca vivir y que abrazamos como integrantes de una sociedad moderna y globalizada”, precisó el licenciado Gerardo Tejeda Foncerrada.
Sobre las víctimas dijo que éstas son la consecuencia del incumplimiento de un deber genérico de cuidado razonable al cual estamos sujetos todos y que en un mundo ideal, no deberían existir pero son protagonistas fundamentales que están presentes para hacer vívida la experiencia sancionadora y reformatoria del sujeto activo, responsable de la comisión de los delitos.
“El nuevo sistema no se dirige solamente al culpable e imputado sino a reparar el daño en las víctimas y que exista satisfacción en la medida de lo posible. Por lo anterior, los derechos de las víctimas no tienen más que crecer en beneficio de una sociedad más justa y moderna que respete la individualidad y el sano desarrollo de la personalidad de cada quien”.
Respecto a la percepción de la sociedad en el Sistema de Justicia Penal indicó que como cualquier reforma al Sistema Jurídico Nacional se requiere de un proceso de implementación y difusión como ha ocurrido en otras reformas como la Laboral (1970-1980), al sistema Bancario (1980-1989), al Código Civil (1985) y Procedimientos Civiles (2005) ambos en el ámbito local.
Ya que, dijo, las normas jurídicas se implementan plenamente como resultado de un proceso de aplicación y adaptación a la realidad, partiendo de la proyección en el texto original, hacia la manera en que atiende a las necesidades sociales propias del conglomerado humano.
En ese sentido afirmó que “es labor de todos, gobierno, sociedad y medios de comunicación, el contribuir de una manera responsable a difundir los beneficios del nuevo Sistema y a coadyuvar en su mejora y adaptación, en los diversos ámbitos de participación que nos corresponden”.
Por lo anterior con la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal la Escuela Libre de Derecho de Puebla desde 2008 inició un proceso de modificación de su plan de estudios, mismo que se anticipó a todas las instituciones de educación superior a nivel nacional, mediante la incorporación de las asignaturas de Derechos Fundamentales, Litigación Oral y Seminarios de Derecho Civil y Derecho Penal.
También como la impartición de un taller en Derecho Penal, que colocó a la institución a la vanguardia, como fue reconocido por la misma Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
“De esta manera, desde las aulas, se fortaleció el perfil de derechos de las personas y el análisis de casos específicos como parte de una formación integral del alumno, quien no solo se fundaba en las fuentes clásicas del Derecho, a saber, la Ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del Derecho, sino también la vasta experiencia profesional y pedagógica de la planta de profesores. Ha sido un esfuerzo de todos los que integramos la comunidad Libre”.
