“El Ejército está hecho para matar, no está hecho para ser policía, por ello hay instancias diferentes”, definió el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font, en torno a la Ley de Seguridad Interior que se discutirá este martes en el Senado de la República.
Sentenció que dicha iniciativa por parte del gobierno federal es para justificar represiones y casi un “estado de sitio”, y poder salvaguardarse detrás de esa autorización que le ha dado, al momento, el Congreso.
“Si antes casi no se podían juzgar los crímenes del Ejército, ahora menos, entonces eso me parece sumamente problemático, porque en el fondo lo que va a estar alterándose es la defensa a los derechos humanos más básicos”, advirtió.
En entrevista subrayó que por un lado es para tener el control de la actuación del Ejercito, porque el mismo gobierno siente que las circunstancias se les está rebasando, y por otra parte se revela que las policías no bastan para la situación que estamos viendo.
Respecto a la vulnerabilidad que podría verse el Ejército contra el crimen organizado, de aprobarse la ley, Fernández Font delineó que ellos mismos (el ejercito) con toda la fuerza que tiene son los que se verán vulnerados más allá del crimen organizado, porque estarían haciendo una función que no les corresponde.
Recordó que en el país se tiene a más de ocho gobernadores que están siendo perseguidos por la ley, y no se les puede echar la culpa a las fuerzas policiales sobre su labor, porque arriba de ellos hay un conjunto de mandatarios que son corruptos; y ahí es donde como ciudadanos tenemos que extender esa lucha contra la corrupción.
El rechazo
Cabe recordar que Ley de Seguridad Interior regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, y es rechazada por organizaciones ciudadanas y los partidos de la oposición, al señalar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de derechos humanos.
Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.
