En noviembre del 2013 la Ley Contra la Discriminación en Puebla se aprobó. Dos años después, en septiembre de 2015 se logró concretar el reglamento de dicha ley.

Sin embargo, a tres años de distancia, esa estipulación obliga a crear el Comité Estatal contra la Discriminación, que debería estar conformado por ocho dependencias públicas y tres lugares de la sociedad civil.

“Hace apenas dos meses, el Congreso del Estado emitió la  convocatoria, la cual es discriminatoria, porque no se publicó ampliamente, ni en señas, ni en sistema braille, ni en las lenguas indígenas que se hablan en el estado”, acusó Brahim Zamora, integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Explicó que se pedía que los miembros del comité fueran abogados, es decir, el perfil que pedían para ser miembro honorario de un comité consultivo sobre discriminación tuvieran el mismo rango, los mismos requisitos que le piden a una persona para ser ombudsman en el estado.

“Era considerablemente fuera de proporción”, acentuó el activista.

Y aunque dichas reglamentaciones se corrigieron, Zamora comentó que no se le dio el tiempo necesario a la gente, de tener todo el tiempo que había pasado, para juntar los documentos que se pedían. “Fue una competencia inequitativa”.

Al final –subrayó- el gobernador no ha nombrado al Secretario Técnico de ese Comité Estatal contra la Discriminación.

“El gobernador tiene que proponerle al comité una terna de personas que podrían ocupar el cargo; eso no ha ocurrido, por lo tanto, el comité no ha empezado a trabajar», reiteró.

Ante tal escenario, el integrante del Odesyr proyectó que los nombramientos como tal le corresponderán a la siguiente administración estatal y al siguiente Congreso local, quienes “a ver si les interesa”.

“Eso es un problema, es decir, no les interesa el tema, no les es redituable; no entienden que combatiendo las condiciones de desigualdad, lo que se genera es desarrollo”, acentuó.

Puntualizó que en las leyes Puebla está bien, en el marco normativo está bien, cumple con muchos estándares, pero, a la hora de aplicar esos marcos normativos, “ya no ocurre”.

Cabe señalar que la población indígena y de la comunidad LGBTI, son de los sectores más discriminados.

Entre 2010 y 2016 el Conapred recibió 106 quejas por algún tipo de discriminación en Puebla.

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