Puebla se ubica entre las dos entidades con menor incidencia de corrupción con nueve mil 600 víctimas por cada 100 mil habitantes, conforme cifras del INEGI.
Guanajuato es el primer lugar con menor incidencia de corrupción con nueve mil víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 14 mil 600 casos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) en su cuarta edición.
Los estados con mayor incidencia son Chiapas con 16 mil 200 por cada 100 mil, San Luis Potosí con 16 mil 700 por cada 100 mil y Quintana Roo con 17 mil 600 víctimas por cada 100 mil habitantes.
El análisis del INEGI refiere que durante 2017, la corrupción se ubicó nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos. Sin embargo, el porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó de 50.9% en 2015 a 56.7 por ciento en 2017.
La inseguridad y delincuencia se mantuvo como el principal problema que preocupa a la población con 73.7 por ciento, superior al 66.4 por ciento estimado en 2015.
Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5 por ciento de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción; solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 30.7 por ciento.
Además, se estima que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12 mil 590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14 mil 635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30 mil 97 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25 mil 541 en 2017.
En cuanto a prevalencia de actos de corrupción en Puebla fue de 13 mil 400 por cada 100 mil habitantes, también el segundo nivel más bajo a nivel país tras Guanajuato (13 mil 200) y por debajo de entidades circunvecinas como Estado de México (21 mil 100 por cada 100 mil habitantes) o Ciudad de México (34 mil 400 por cada 100 mil).
Estas cifras expresan tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas.
INEGI deslindó que la cobertura conceptual y el alcance metodológico de este proyecto estadístico contemplan actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas.
