Por decreto, el gobierno del estado asumió la seguridad pública del municipio de San Martín Texmelucan ante la ola de hechos violentos registrados en el año, situación por la que 119 elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Derivado del operativo realizado la mañana del miércoles en el municipio donde se ha desplazado la delincuencia por el tema del robo de hidrocarburo y que desencadenó que en cuatro ocasiones fueron dejados cuerpos desmembrados en zonas céntricas con mensajes de un grupo delincuencial, se intervino a la corporación.
En rueda de prensa en las instalaciones de Casa Puebla, el titular del Ejecutivo, Antonio Gali Fayad, reafirmó que como se dijo al inicio de su administración “nadie por encima de la ley” motivo por el que se intervino a la Policía Municipal para garantizar el orden público y seguridad de los texmeluquenses y de los poblanos.
Previamente el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, precisó que las obligaciones que establece el Artículo 115 constitucional éstas no han sido cumplidas cabalmente por el ayuntamiento de San Martín Texmelucan “las instituciones municipales han sido incapaces de garantizar el goce de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran dentro del propio territorio municipal”.
Así que, por decreto público en el Diario Oficial, el estado asume el mando de la seguridad pública por el director de la Policía Estatal Preventiva, lo anterior en todo el municipio durante el tiempo que sea necesario pero no más allá del 31 de diciembre de este año, y para dar cumplimiento la Secretaría de Seguridad Pública dispondrá de elementos materiales y humanos necesarios.
Gali Fayad puntualizó que si hay funcionarios que estén protegiendo a un presunto delincuente o policías municipales o de otras corporaciones que estén protegiendo a delincuentes “serán castigados con todo el peso de la ley”.
Operativo
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Morales Rodríguez, informó que el operativo se realizó sin violar derechos humanos y fueron 185 elementos los que fueron trasladados a la Academia Ignacio Zaragoza para realizar: pruebas de confianza, revisión de armamento, de Clave Única de Identificación Policial (CUIP) y cumplimiento de todos los requisitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El resultado fue la puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de 119 elementos, de los cuales 113 quedaron por usurpación de funciones, dos mandos, Miguel Ángel, quien se desempeñaba como secretario, y Jerónimo Sinohe, director de Seguridad Municipal; además de Mauricio -oficial- y tres uniformados más que cobraban 5 mil pesos para que policías no presentaran exámenes de Control de Confianza.
Finalmente, el fiscal en el estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, detalló que “hay líneas de investigación con motivo de los sucesos que fueron referidos por el secretario Diódoro (sobre los desmembrados), y son carpetas de investigación que están en integración y de las que podremos deslindar responsabilidades”.
Sobre el tema el gobernador indicó que se están revisando las cámaras de seguridad para ver quién o quiénes son los han venido tirando los cuerpos, saber si las cámaras estaban operando o por alguna razón estaban apagadas.
Tanto el mandatario estatal como el fiscal coincidieron que se trata de una pugna entre bandas por el territorio y en muchas ocasiones los cadáveres son de otros estados, situación por la que se trabaja de manera coordinada con la federación y los estados colindantes.
