El Sindicato Nacional de Empresarios de Puebla (Sindemex), llamó a no perder de vista el tema de la seguridad pública más allá de las pugnas políticas, luego que en la entidad se triplicó en una década el número de homicidios y ocupamos el cuarto lugar en asesinatos en torno a grupos vulnerables como indígenas a nivel nacional.
El presidente de Sindemex Puebla, Francisco Romero Serrano, refirió que las estadísticas revelan que en 2017 se registraron 31 mil 174 homicidios en México, es decir, una razón de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, mientras que en Puebla se registran mil 70 casos, una proporción de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Puebla ocupa el sitio 12 en la estadística de homicidios; sin embargo, cuando se revisan los detalles, 141 muertes corresponden a mujeres, siendo 111 de los casos registrados en Puebla capital, 12 en Tehuacán, 7 en Tepeaca, 4 en Chiautla, 3 en Tecamachalco y 2 en Izúcar de Matamoros, acotó.
Refirió que sólo en 16 casos se documenta violencia familiar; sin embargo, somos el estado que reporta más casos de esa naturaleza en el país, lo que nos obliga a revisar las políticas en torno al hogar como un nuevo foco de riesgo, en especial para las mujeres.
Declaró que otro número que resulta inquietante es que 58 muertes por homicidio correspondieron a indígenas o gente que hablaba lengua indígena, sólo por debajo de Oaxaca, Guerrero y Estado de México, lo que refleja la vulnerabilidad de esos grupos en la entidad.
Lo anterior, concluyó, refleja la necesidad de darle utilidad a las estadísticas para planear las zonas de riesgo, el mapa delincuencial, los días y horas de mayor incidencia, de manera que en lo que resta del actual gobierno y en la próxima administración haya una colaboración efectiva de los mandos policiales y de seguridad pública para hacer frente a un fenómeno que se ha triplicado en una década.
Estimó que un paso en el sentido correcto es la creación de una Secretaría de Seguridad Pública federal que cumpla la labor de garantizar la paz y la tranquilidad en el país y el estado, que garantice la defensa de los derechos humanos, desarrolle labores de inteligencia y de seguridad nacional.
