La comisión de gobernación municipal aprobó por unanimidad sanciones económicas de 100 a mil 500 UMAS, equivalentes de 8 mil a 120 mil 900 pesos y arresto hasta por 36 horas a hombres o mujeres que incurran en acoso sexual en espacios públicos (acoso callejero), por lo que ahora deberá pasar a cabildo para que los regidores otorguen su aval.
Durante la sesión extraordinaria, se incluyó dentro de la reglamentación al capítulo 9 del Código Reglamentario Municipal (Coremun) dicha figura jurídica y sus sanciones que, a diferencia de otros municipios, es inconmutable en la capital poblana.
Con la iniciativa, se obligará al infractor acudir a un programa o taller de sensibilización y concientización, con el objetivo de evitar futuras reincidencias, mismo que impartirá el Instituto Municipal de las Mujeres, quedando lo anterior en el artículo 209 Bis.
Por lo anterior, en el artículo 201 quedó plasmado las siguientes faltas administrativas o infracciones al presente capítulo: expresiones verbales con connotación sexual o lasciva, tales como palabras comentarios, jadeos, silbidos o cualquier sonido que puedan aludir al cuerpo, la sexualidad a la forma de vestir o a la edad.
También se establecieron conductas no verbales con connotación sexual o lasciva, tales como exhibición de genitales, masturbación, actos que involucren contacto corporal, tocamientos, roces intencionales u opresión de genitales contra el cuerpo.
Invitaciones, insinuaciones, solicitudes o proporciones para actos lascivos o connotación sexual y captaciones de imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o de alguna parte de él, con connotación sexual o lasciva.
En entrevista, el director jurídico de la secretaría general del Ayuntamiento, Carlos García Mendoza, explicó que las multas así como las horas de arresto las estipulará el juzgado calificador, pero las medidas pecuniarias oscilan entre 100 a mil 500 UMAS.
Respecto al procedimiento, dijo que si existe un primer respondiente cerca (policía) se le notifica para que de forma inmediata acudan al juzgado calificador; en caso de que no lo hubiere, los afectados deben acudir a las oficinas y realizar el señalamiento de manera directa.
