Tehuacán. A fin de garantizar la seguridad pública de Tehuacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla, en un operativo sorpresa realizado en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tomó el mando y control del municipio y sometió a 214 policías y agentes de tránsito municipal, así como a 3 mandos intermedios a las pruebas de control y confianza.
 
Lo anterior con el propósito de corroborar que estén dados de alta y tengan actualizada su Clave Única de Identificación Policial (CUIP), bajo la advertencia de que quienes estén vinculados a hechos delictivos serán trasladados al Ministerio Público, a la par, se asumió la responsabilidad de las instalaciones del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata de Tehuacán (Cerit).
 
La decisión del Gobierno Estatal obedeció a la alta incidencia de secuestros, homicidios y asaltos registrados en esta región, en los cuales se sospecha el involucramiento oficial, ante lo cual se iniciaron las investigaciones para descartar o asegurar la correcta ejecución de las funciones de los integrantes de la instancia local.
 
Fue al filo de las 8 horas, cuando un número no determinado de policías estatales, mismos que se contaban por cientos, apoyados por militares, arribaron a la Explanada del Palacio Municipal para resguardar el lugar y trasladar a los municipales al Centro de Evaluación, ubicado en la junta auxiliar de San Marcos Necoxtla, para los exámenes correspondientes; asimismo, se informó que las armas de los uniformados serían revisadas para corroborar que no tuvieran relación con algún ilícito.
 
El despliegue, que implicó recorridos de vigilancia terrestre y aérea por diferentes puntos del municipio, estuvo encabezado por titular de SSEP, Jesús Morales Rodríguez, quien explicó que según decreto de Mando Único publicado en el Periódico Oficial del Estado y por instrucciones del gobernador, José Antonio Gali Fayad, se implementó tal medida, tendiente a garantizar la seguridad pública del municipio, considerado el segundo en importancia a nivel estatal, actualmente gobernado por Ernestina Fernández Méndez, emanada del PRI, misma que hasta la tarde este jueves no había emitido ningún posicionamiento al respecto.
 
Trascendió que el director de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio López Alfaro, no se había presentado a laborar, por lo que se le tendría que localizar para ser participe de las  investigaciones; sin embargo, después de varias horas salió a decir públicamente que “no tenía nada que esconder”, que estaba en espera de instrucciones y en total disposición de colaborar, en este que calificó como un procedimiento de rutina. En tanto, con referencia a que algunos policías rehuyeron o se escondieron durante el operativo, se aclaró que todos acataron la orden dada por la SSPEP sin ninguna resistencia.
 
Al inicio de la movilización, que tuvo como escenario el primer cuadro de la ciudad e implicó el cierre de varias calles aledañas al zócalo por un par de horas, se cuestionó al titular de la SSPEP , sobre la presunta detonación de un arma de fuego, a lo que respondió que “hasta ese momento se tenía un operativo limpio”. No obstante, fuentes oficiales que pidieron omitir sus generales confirmaron que cuando se desarrollaba el despliegue sucedió que a un policía municipal se le “escapó” un disparo, pero fue “por accidente”; la situación generó fricciones entre ambas corporaciones, se temió que los ánimos se encendieran y la situación se saliera de control, lo que no sucedió, sólo se procedió a la detención del uniformado municipal involucrado, para ser sometido a las investigaciones pertinentes, deslindar responsabilidades y aclarar el hecho. 
 
Cabe mencionar que este es el tercer municipio en ser intervenido por el gobierno estatal, los anteriores fueron San Martín Texmelucan y Chalchicomula de Sesma, lo cual se debió a la presunta participación de policías coludidos en el robo y venta de combustible, secuestros, asesinatos y asaltos a trenes.
Promoverá Ayuntamiento controversial constitucional
Ante el hecho, el síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, declaró que convocaría a una sesión extraordinaria de Cabildo para determinar las acciones legales a seguir, pero adelantó que promoverían -como Ayuntamiento- una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que no fueron adecuados los procedimientos empleados.
 

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