Ciudad de México. La diputada federal del PRI, Lucero Saldaña Pérez, presentó ante el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, iniciativa para reformar el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de solicitar prisión preventiva, a toda aquella persona que represente y que cometa delitos en materia de hidrocarburos.
Saldaña Pérez, aseveró que el robo de combustible es un delito grave que ha llegado a constituir la segunda fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado. De acuerdo a cifras de Petróleos Mexicanos, la pérdida económica ha sido de 30 mil millones de pesos por robo en sus ductos.
Agregó que se han detectado desde 2016 a 2017, un incremento del 50 por ciento en tomas clandestinas, que fueron 10 mil 363, y lo mismo sucedió de 2017 a 2018, con una alza del 50 por ciento.
“Este tema tiene que verse integralmente dado que aporta un 7 por ciento al producto interno bruto el sector energético, es un recurso de gran valía para nuestro país”, dijo.
Desde tribuna, advirtió que además de las pérdidas económicas, el robo de hidrocarburos, afecta fuertemente la tranquilidad de las personas. “Si vivimos en lugares donde hay estos ductos, no tenemos paz, hay riesgo inminente a la vida, al patrimonio de miles de habitantes. El clima de inseguridad y violencia permanentes”.
Señaló que en las localidades donde se desarrolla el robo de hidrocarburos, se cometen otros delitos como el robo de vehículos, de carga, violencia feminicida, trata de personas, violencia hacia los jóvenes, entre otros, además de afectaciones al medio ambiente y a la salud.
La legisladora poblana, aseveró que la corrupción de autoridades y complicidad de las familias, implicadas en este delito, ha implicado una ruptura del tejido social, enfrentamientos y pérdida de vida de civiles, policías y militares.
Recordó que el 12 de septiembre, en la ciudad de Puebla, hubo un grave problema donde se tuvo que recurrir a evacuar a decenas de colonias ante una fuga de gas. Esta afectación implicó nada menos que el cierre, suspensión de planteles, la pérdida de un día laboral de familias afectadas, en fin.
“Dada la gravedad de este delito, de ilícitos, consideramos que queda plenamente justificada esta iniciativa, de acuerdo a tratados internacionales, donde también se respetan los derechos humanos, pero que se evite la sustracción de la acción de la justicia a quien presuntamente comete este delito”, explicó.
Advirtió: “No podemos permitir que este delito siga en crecimiento”.
